Ciudad de México.- El Senado de la República aprobó con 85 votos en favor, nueve en contra y una abstención, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, con la que se busca evitar otro “Moreirazo” y obligar a las autoridades locales a rendir cuentas de la deuda contraída.
La minuta fue turnada de nueva cuenta a la Cámara de Diputados por cambios que le hicieron los senadores, entre ellos, el incrementar el porcentaje del techo de financiamiento neto autorizado para los entes públicos que cuentan con un endeudamiento sostenible, pasando del 10 al 15 por ciento.
La nueva ley, que se prevé sea respaldad en breve por la Cámara de Diputados, precisa que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tenga mayor vigilancia a las obligaciones y empréstitos locales pues estará encargada del Registro Público Único, mismo que transparentará toda la deuda subnacional.
También se encargará de un sistema de alertas de deuda subnacional con tres indicadores que precisen si una entidad federativa puede tener problemas por sus obligaciones de pago o empréstitos.
Los entes públicos no podrán contraer, directa o indirectamente, financiamientos u obligaciones con gobiernos de otras naciones, sociedades o particulares extranjeros, ni cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.
Los financiamientos de la Ciudad de México, se contratarán con apego a lo aprobado por el Congreso de la Unión, en la Ley de Ingresos de la Federación y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México remitirá trimestralmente al Congreso de la Unión un informe sobre el estado de la deuda pública y el ejercicio del monto autorizado, desglosado por su origen, fuente de pago, destino y características financieras de las operaciones realizadas.
Las legislaturas locales serán claves en el resto de las entidades federativas. Sólo con el voto en favor de las dos terceras partes de sus miembros se autorizarán los montos máximos para la contratación de financiamientos y obligaciones.
Mientras que la deuda estatal garantizada, es decir, la garantía que dé la Federación a los estados y municipios, no podrá exceder del 3.5% del Producto Interno Bruto nacional.
Posicionamientos:
Aunque el senador Manuel Bartlett (PT) y Mario Delgado (PRD) se pronunciaron en contra de la ley porque atenta contra el federalismo y disfraza otros esquemas de deuda subnacional, el PRI, PAN, el PVEM y la mayoría del PRD avalaron el ordenamiento.
Bartlett dijo que se trata de una “simulación” y de una reforma contra de la soberanía de los estados.
Mario Delgado PRD comentó que la ley sólo propone una flexibilización mayor en la contratación de deuda.
El panista Luis Fernando Salazar comentó que la deuda de Coahuila es lamentable e ilustra la necesidad de que exista una ley que ponga un límite al endeudamiento irresponsable.
Mientras que el priista Manuel Cavazos resaltó que la ley propiciará mayor transparencia y estabilidad a las finanzas públicas.
La perredista Dolores Padierna destacó que a pesar de que la minuta significa una limitación al federalismo, se puede considerar como una medida necesaria ante el riesgo de que el gobierno federal tenga que asumir esas deudas en el futuro.
