Ciudad de México.- La Comisión de Poder Judicial, en la Asamblea Constituyente, aprobó que el titular de la Fiscalía General de Justicia, encargada de la investigación y persecución de todos los delitos del fuero común y el ejercicio de la acción penal en la capital, sea electo por el Congreso de la Ciudad de México, a propuesta de un consejo ciudadano.
Con esta reserva, el nombramiento ya no estará en manos del Ejecutivo local y el titular gozará de mayor autonomía.
Durante la discusión del artículo 46 del proyecto de dictamen, la diputada Ana Laura Magaloni indicó que lo referido a la Fiscalía General de Justicia era el tema más importante de los que les tocó dictaminar a la comisión, "dado que las procuradurías son pieza clave para un cambio en el país".
Asimismo, celebró la autonomía recientemente adquirida por la fiscalía, y aseguró que de conservarse en el Pleno, habrá camino para realizar un tránsito, una depuración y un rediseño de la Fiscalía General de Justicia.
El diputado Gonzalo Altamirano puntualizó que es importante que el jefe de Gobierno no haga el nombramiento del fiscal. “Vemos hoy, gustosos, que hay autonomía en el nombramiento de fiscales. Estamos viendo novedades en esta Constitución: hay nuevas figuras y nuevas tendencias. Qué mejor figura que la del nombramiento en la fiscalía no dependa del gobernante”.
El constituyente panista exhortó a los legisladores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a que no haya regresión en nombramientos, pues Bernardo Bátiz aseguró que existe "una tendencia en el mundo que tiende a debilitar y pulverizar al Poder Ejecutivo de los países en desarrollo".
Alejandro Chanona, de Movimiento Ciudadano (MC), se declaró en favor de una fiscalía autónoma. “Hemos visto, particularmente en el Ministerio Público de otras entidades, que el monopolio de la acción penal ha llevado a temas de abusos gravísimos”.
Por otra parte, durante la Comisión, los legisladores aprobaron adicionar el artículo 41 sobre el control constitucional local, con el propósito de que también las alcaldías y las minorías en el Congreso tengan derecho a interponer una acción por omisiones legislativas cuando el Congreso o el Ejecutivo no hayan aprobado alguna ley, decreto o norma de carácter general o reglamentaria.
