Ciudad de México.- El presidente del Senado, Roberto Gil, anunció que el dictamen de Ley Nacional de Ejecución Penal establece un mecanismo de libertad inmediata para las personas condenadas por portación de marihuana sin fines de comercio, además anunció que no será en este periodo ordinario de sesiones cuando se concrete la regulación de la marihuana con usos lúdicos, recreativos o medicinales.
“No encuentro en este periodo posibilidades de construir una política pública completa (sobre la marihuana), podemos dar avances específicos. En la Ley de Ejecución Penal se está dando un transitorio para crear el mecanismo de excarcelación de personas condenadas por delitos contra la salud en ciertos supuestos, específicamente cuando no hay antecedente penal, cuando no hubo violencia de por medio y cuando se trata de portación por encima de los umbrales. Ahí puede haber una solución específica en el marco de los objetivos de la política pública general e integral pero no veo pues, que en este periodo podamos llegar a una discusión completa”, dijo en entrevista.
Precisó que hay iniciativas de uso terapéutico y médico de la marihuana que tienen consenso y se pudieran empezar a discutir pero hay otras propuestas como aumentar el gramaje de portación personal de cannabis que requieren un análisis más puntual y exigente.
Destacó que esta semana podrían darse a conocer las conclusiones del Consejo Técnico para las Alternativas de la Regulación de la Marihuana para iniciar con un debate informado de política pública.
Por otro lado, durante los Foros sobre la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas (UNGASS 2016) que se llevaron a cabo en el Senado, Manuel Mondragón, Comisionado Nacional contra las Adicciones, dijo que está abierto a que se eleve el umbral de la portación de cannabis para uso personal, incluso de cocaína.
Mientras que Antonio Mazzitelli, representante en México de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, dijo que el documento que se analizará en la Asamblea General proyecta una nueva y más propositiva dimensión de las políticas de drogas.
José Alberto Rodríguez Calderón, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, expresó que la preocupación por el problema de las drogas no es nuevo.
Especialistas y funcionarios públicos coincidieron en que la política prohibicionista de las drogas ha fracasado y se debe ver como un problema de salud pública.
