Ciudad de México.- La alternancia en las delegaciones políticas donde el PRD perdió el poder llegó con la novedad del saqueo de oficinas y de las arcas públicas, así como el descubrimiento de una proliferación de aviadores incrustados en toda la estructura de las burocracias locales.
Pero a pesar del escándalo y del ruido mediático que hicieron los jefes delegacionales entrantes, lo cierto es que a 10 días del arranque de las nuevas administraciones no existe ninguna denuncia presentada con motivo de los presuntos actos de pillaje.
Lo dijo la Contraloría capitalina en un comunicado de prensa, en el cual también informó que de acuerdo con el artículo 10 de la Ley de Entrega-Recepción de los recursos de la Administración Pública del Distrito Federal, los nuevos jefes delegacionales tienen un plazo de 15 días hábiles para presentar sus denuncias de las presuntas irregularidades, fecha que se cumplirá el miércoles 21 de octubre.
El tiempo corre, no hay denuncias, sin embargo, existe un motivo que esconde una maquinación en ese retraso.
El problema es que las administraciones entrantes no han logrado reunir la información suficiente para documentar el saqueo, a pesar de que el mismo está a ojos vistos.
¿Y por qué no han reunido las pruebas de la rapiña? Porque los gobiernos perredistas salientes han retrasado deliberadamente la conclusión del proceso de entrega-recepción, a fin de que los sucesores no cuenten con toda la información disponible sobre inventarios, nómina, recursos materiales y económicos que les permita cruzar datos y con ellos soportar sus respectivas denuncias.
Las administraciones salientes no terminan de entregar todos los libros del gobierno que dejan; el retraso obedece a una estrategia tramposa y leguleya para esconder o maquillar evidencias, así como para ganar tiempo e impunidad. El diablo está en los detalles. Veamos.
La misma Ley de Entrega-Recepción de los recursos de la Administración Pública del Distrito Federal establece que si dentro de los 15 días hábiles mencionados líneas arriba, los jefes delegacionales no han solventado o desahogados sus señalamientos de irregularidades, la Contraloría iniciará su indagatoria con la información que tenga, a fin de allegarse de elementos, determinar que se haya configurado el acto de saqueo y fincar responsabilidades.
Será un enorme reto para los gobiernos delegacionales y para la Contraloría sustentar denuncias que lleguen a buen puerto, cuando del otro lado, los presuntos indiciados están buscando ocultar las pruebas del pillaje. Si la denuncia no está debidamente sustentada el resultado será la impunidad.
El negro en el arroz de este penoso asunto es que el perredismo está usando a su favor los resquicios que le da la Ley de Entrega Recepción para salirse con la suya y hacer del escándalo del saqueo en las delegaciones un hecho que quede para el anecdotario y, como ha pasado en otros tantos escándalos de corrupción, no ocurra nada.
Twitter: @negroenelarroz
