El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña, advirtió que la próxima reforma electoral debe enfrentar de manera directa la intervención del crimen organizado en los comicios, replantear el modelo de elección judicial y evitar recortes presupuestales que pongan en riesgo la organización electoral.
En entrevista, el magistrado señaló que el principal desafío es garantizar que la ciudadanía pueda votar en libertad plena, por lo que la reforma debe establecer medidas legales firmes para impedir cualquier tipo de injerencia criminal.
De la Mata sostuvo que el sistema electoral debe “tomar el toro por los cuernos” frente a la influencia del crimen organizado. Alertó que existen casos documentados de secuestro de urnas en comunidades, donde grupos delictivos las sustraen el día de la elección y posteriormente las devuelven ya llenas.
Advirtió que, mientras no se resuelva este problema de fondo, no será viable avanzar hacia mecanismos como el voto por internet o el uso generalizado de urnas electrónicas, ya que primero debe garantizarse que el sufragio sea libre y sin coacción.
En materia de financiamiento, reconoció que el sistema de fiscalización es sofisticado, pero consideró necesario reforzar la revisión del origen y destino de los recursos de los partidos para cerrar el paso al dinero ilícito.
Por otro lado, el magistrado también planteó la necesidad de replantear integralmente el sistema de elección judicial, incluyendo la posibilidad de modificar su fecha para evitar que coincida con procesos políticos y sea arrastrada por dinámicas partidistas.
Señaló que el proceso actual se realizó con reglas deficientes y un diseño apresurado, por lo que propuso evaluar cambios como la aplicación de exámenes que acrediten conocimientos jurídicos mínimos a los candidatos, así como la simplificación de las boletas, que resultaron complejas para el electorado.
Recortes al presupuesto, un riesgo para la democracia
Sobre la intención de reducir el gasto de las autoridades electorales, De la Mata consideró que, si bien deben administrar los recursos con eficiencia, los presupuestos deben ser suficientes para garantizar una organización adecuada de las elecciones.
“Reducir el gasto público o el que tienen las autoridades electorales a un punto que no puedan organizar las elecciones sería un error. No hay democracia más cara que aquella que no existe y, para que exista, se tiene que hacer una inversión, un gasto.”, expresó.
Cambios en la representación legislativa
El magistrado también se mostró a favor de reducir los legisladores de representación proporcional, particularmente en el Senado, al considerar que los escaños de primera minoría ya permiten la participación de fuerzas políticas minoritarias.
“Si lo que queremos es que haya participación de los partidos minoritarios en la Cámara de Senadores, pues eso se encuentra garantizado a través de los senadores de primera minoría o —digamos así— de segundos lugares. Pero los senadores de representación proporcional son una cuestión un tanto artificial. Exclusivamente tiende a que los partidos puedan introducir a personas específicas.”
“Por otro lado, la representatividad en la Cámara de Diputados, hay que hacerse dos preguntas: ¿podría haber menos diputados? Mi respuesta, como constitucionalista, es, evidentemente, sí. ¿Queremos mantener este sistema mixto de mayoría relativa con alguna minoría de representación proporcional o queremos adoptar, por ejemplo, un sistema de proporcionalidad pura?”
En el caso de la Cámara de Diputados, señaló que es viable disminuir el número de legisladores y revisar el sistema mixto actual, incluso con la posibilidad de transitar hacia una sola circunscripción nacional o un modelo que reduzca la sobrerrepresentación.
Con estos planteamientos, De la Mata subrayó que la reforma electoral en discusión debe centrarse en fortalecer la integridad de los procesos, garantizar su viabilidad operativa y evitar cambios que debiliten la calidad democrática del país.
