Legalidad: una utopía para los realistas

¿Socialdemocracia o liberalsocialismo?

Legalidad. El desprecio por la legalidad es una de las características más relevantes del momento actual.

La fractura de nuestro Estado de Derecho es consecuencia directa de la nula defensa del ordenamiento jurídico por parte de jueces y magistrados.

La sentencia presidencial del: “no me vengan con que la ley es la ley”, representa claramente una de las ideas-principio del actual gobierno que ha permeado la actuación de las instituciones encargadas de garantizar la eficacia de la acción judicial.

Existen infinidad de ejemplos sobre este desprecio de las leyes.

Uno muy simbólico, está representado por la violación del amparo concedido el pasado 30 de mayo por un juez federal en Mérida, para que el gobierno suspendiera los trabajos del Tramo 5 del Tren Maya de Playa del Carmen a Tulum, cuya construcción corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Dicho juez concedió una primera suspensión que debería detener las obras por tiempo indefinido, principalmente por la falta de estudios sobre impacto ambiental.

Legalidad y el desprecio de AMLO

Pero como acostumbra este gobierno, hace días se reanudó el movimiento de maquinaria pesada en la zona para continuar con la cuestionada obra sin importarle la destrucción de la selva maya o su patrimonio cultural, ignorando las decisiones judiciales y las advertencias de los especialistas.

La decadencia de nuestro sistema judicial es solo una expresión de la penuria general en que se encuentra la cultura de la legalidad bajo la denominada “Cuarta Transformación”.

Su degradación es fruto de la intromisión indebida, así como de las presiones y ataques desde el Ejecutivo.

La concentración del poder de forma unipersonal y arbitraria, ha desplazado los equilibrios y contrapesos que cualquier sociedad democrática necesita para sobrevivir.

Hoy encontramos distintas actitudes de jueces y magistrados.

Algunos se resisten explícitamente y otros en silencio, porque sobre ellos pesan represalias institucionales por el contenido de sus sentencias.

También los hay que aparentan indiferencia prefiriendo ignorar la realidad frente a la integración partidista y nepotista de los órganos judiciales de control y disciplina.

Frente a este escenario de amplia subordinación institucional muchos sostienen que los defectos de la acción judicial provienen del pasado y que en realidad el sistema de equilibrios constitucionales en México nunca existió.

Se considera que las perversiones jurisdiccionales se deben principalmente al modo como se ha integrado históricamente el Poder Judicial.

Sin embargo, cualquiera que sea la explicación adoptada sobre el declive de nuestro sistema de administración y procuración de justicia, permanece la certeza de que nadie en México que ejerza actividades vinculadas al derecho se siente satisfecho con su actual funcionamiento.

Ineficacia del control constitucional 

Entre las principales causas se encuentra que no es racional el modo de actuación de su cúpula, que no es efectivo el control de constitucionalidad, que la administración y el gobierno de la rama judicial son incomprensibles, que la jurisprudencia adoptada resulta caótica al no proveer seguridad jurídica a la población por los cambiantes criterios de nuestros jueces y por la promulgación de sentencias arbitrarias, pues no faltan sentencias supremas para todos los gustos.

En el caos vigente, de poco vale una sentencia de avanzada frente a muchas que marcan retrocesos.

Más allá de las responsabilidades individuales, cuando este período decadente de nuestro sistema judicial pase -porque todo poder es transitorio- será necesario prevenir la reiteración de estas perversiones jurisdiccionales y para esto, habrá que replantearse seriamente la estructura institucional de nuestro Poder Judicial, protegiéndolo de los embates del poder político y para modelar un nuevo Estado en condiciones de promover la legalidad irrestricta.

No se olvide que en las modernas sociedades la cultura de la legalidad define todas las formas de la actuación democrática.

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