El pasado 19 de diciembre, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó una reunión con representantes del sector de juegos y sorteos para abordar los retos que enfrenta la industria, reafirmando el compromiso del gobierno federal con una política de cero corrupción y apego a la legalidad.
La funcionaria compartió los detalles del encuentro a través de sus redes sociales, en donde subrayó que el diálogo fue transparente y constructivo.
En sus declaraciones, destacó la necesidad de establecer mecanismos que fortalezcan al mercado formal frente a la creciente competencia desleal del sector informal.
Asimismo, se acordó el inicio de mesas de trabajo a partir de enero de 2025 para revisar la Ley Federal de Juegos y Sorteos, avanzar en la digitalización de trámites, realizar una revisión a la política fiscal y atender los casos de ludopatía generados en estos recintos.
La funcionaria destacó que no se permitirán intermediarios, gestores ni representantes ajenos a las empresas acreditadas y advirtió que nadie podrá solicitar dinero a nombre de la Segob o de su titular, subrayando que se presentarán denuncias formales contra quienes intenten pedir “moches” o beneficios indebidos.
Durante la sesión participaron la Asociación de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta (AIEJA), encabezada por Miguel Ángel Ochoa, y la Asociación de Permisionarios y Proveedores de Juegos y Sorteos (APJSAC), presidida por Alfonso Pérez Lizaur.
Ambas organizaciones coincidieron en que la Ley Federal de Juegos y Sorteos, vigente desde 1946, resulta obsoleta ante la expansión tecnológica y la evolución del mercado digital.
En el encuentro, se establecieron lineamientos claros para garantizar la transparencia y efectividad de los trabajos.
Se destacó que no se permitirán intermediarios, gestores ni representantes ajenos a las empresas acreditadas.
Además, la secretaría advirtió que nadie podrá solicitar dinero a nombre de la Segob o de su titular y que se presentarán denuncias formales contra quienes intenten pedir “moches” o beneficios indebidos.
El impacto económico del sector es relevante ya que de acuerdo con cifras del INEGI, al segundo trimestre de 2024, las actividades relacionadas con juegos de azar y sorteos aportaron 164 mil millones de pesos al Producto Interno Bruto (PIB), registrando un aumento del 17% en comparación con el trimestre anterior.
La industria genera, además, 20 mil empleos directos y cerca de 180 mil indirectos, posicionándose como un motor clave para la economía nacional.
No obstante, persisten desafíos importantes: aproximadamente 60% de las apuestas en línea se realizan en la informalidad, lo que impacta tanto a los operadores legalmente establecidos como a las finanzas públicas, que dejan de percibir ingresos fiscales significativos. Actualmente, solo 81 operadores cuentan con permisos oficiales, una situación que pone al mercado formal en desventaja frente a las plataformas no reguladas.
En la reunión se planteó también el potencial del sector para detonar el turismo y la economía local mediante una reforma estructural. Proyectos integrales que vinculen hoteles y casinos en destinos turísticos clave, como Cancún, Los Cabos y Acapulco, podrían colocar a México al nivel de competidores internacionales, como Las Vegas.
Los representantes del sector hicieron un llamado para modernizar la estructura regulatoria, a fin de garantizar la certidumbre jurídica, frenar las prácticas ilegales y aprovechar plenamente el potencial económico de la industria.
Por su parte, la Secretaría de Gobernación reiteró su disposición para trabajar en conjunto con los actores del sector, promoviendo acciones que impulsen el crecimiento ordenado y transparente de esta actividad en México.
Imprimir artículo
