El pasado miércoles, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó en el Comité de Medios y Arbitrios una propuesta impulsada por el Partido Republicano para gravar con un 5% las remesas enviadas por migrantes, como parte de un paquete de reformas fiscales. 
La medida, que aún requiere aprobación en el Congreso, afectaría principalmente a los migrantes indocumentados que utilizan el Número de Identificación Fiscal (ITIN) para declarar impuestos, ya que no podrían deducir este nuevo gravamen.
En contraste, aquellos con Número de Seguro Social (SSN) sí tendrían la posibilidad de compensar el impuesto en su declaración anual. 
Expertos del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla) y BBVA advierten que esta iniciativa podría incentivar el uso de canales informales para el envío de dinero, como remesas digitales o criptoactivos, lo que reduciría la transparencia y seguridad de las operaciones. 
Carlos Serrano, economista jefe de BBVA México, estima que un migrante que envía una remesa promedio de 400 dólares tendría que pagar 20 dólares adicionales por el impuesto, más los 10 dólares habituales por el envío, sumando un total de 30 dólares por transacción. 
Impuesto a las remesas
La propuesta también incluye restricciones al crédito fiscal por hijos, limitándolo a familias donde los padres tengan SSN, lo que dejaría fuera a aproximadamente 4.5 millones de niños ciudadanos en familias de estatus migratorio mixto. 
Aunque la medida aún debe superar más etapas legislativas, su avance ha generado preocupación entre las comunidades migrantes y sus familias en México, quienes dependen en gran medida de las remesas para su sustento.
