El show mediático y la estridencia han prevalecido entre el gobierno de Clara Brugada y la alcaldesa en Cuauhtémoc Alessandra Rojo de la Vega, echándose la culpa por el colapso del edificio de San Antonio Abad 124.
La tragedia que enlutó a tres familias ya quedó de lado, mientras las autoridades en ambos bandos protagonizan desde hace una semana una batalla de dimes y diretes.
Por la mañana, Alessandra Rojo encabezó una conferencia de prensa que por momentos se tornó ríspida y ahí insistió que fue el gobierno de Brugada a través de un acuerdo de facilidades administrativas que autorizó la demolición del edificio colapsado.
Con los mismos argumentos que ha expuesto desde el día del derrumbe, Rojo de la Vega expuso que la demolición contaba con autorización del gobierno central y no de la alcaldía.
De acuerdo con lo expuesto, dicho permiso no solo autorizaba la intervención del inmueble, sino que establecía la obligación de supervisar la obra, coordinar el proceso y garantizar la seguridad tanto del edificio como de las zonas aledañas.
Insistió en mencionar el “acuerdo de facilidades”, derivado de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, creada tras el sismo de 2017.
Este mecanismo, dijo, permite realizar demoliciones bajo un esquema excepcional.
Según los documentos presentados, en su actualización más reciente —publicada en 2025— dicho acuerdo permite llevar a cabo demoliciones incluso sin cumplir con algunos requisitos, como contar con un programa de protección civil. Asimismo, establece que la supervisión, coordinación y responsabilidad de las demoliciones recaen en la Secretaría de Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México (SEVIVIENDA) y en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
Luego, Alessandra Rojo de la Vega exhibió documentos para demostrar que la Alcaldía Cuauhtémoc ha solicitado -tras denuncias vecinales- llevar a cabo visitas de verificación en 6 de los 17 inmuebles que se encuentran en proceso de demolición en la demarcación y que se encuentran bajo el esquema de “Acuerdo de facilidades”.
Sin embargo, dijo, esas visitas no han sido permitidas bajo el argumento de que son competencia del Gobierno de la Ciudad de México.
“En la Cuauhtémoc hay 17 demoliciones bajo este mismo acuerdo de facilidades. ¿Qué creen? En seis de ellas no nos han dejado verificar.
“¿La razón? Porque tienen acuerdo de facilidades administrativas, solo el gobierno de la ciudad puede verificar esas obras. Solo ellos. Aquí están los oficios y las pruebas”, expuso al tiempo de mostrar en pantalla los documentos que acreditan lo mencionado.
Desde el gobierno de Brugada esperaron los dichos de Alessandra Rojo para convocar a su propia conferencia de prensa y a través del secretario de Vivienda Inti Muñoz insistir en que la alcaldesa en Cuauhtémoc tuvo la culpa al no supervisar y verificar la demolición.
Reiteró que el acuerdo de facilidades administrativas en materia de reconstrucción no modifica el marco de atribuciones establecido en la ley en materia de demoliciones.
Enfatizó lo que también ha dicho desde hace una semana, en el sentido de que el acuerdo no constituye una licencia ni sustituye las responsabilidades establecidas en la normatividad vigente en materia de supervisión, verificación y autorización de obras.
Añadió que, si bien el acuerdo contempla la simplificación de algunos trámites administrativos complementarios, ello no implica la eliminación de las obligaciones legales previstas en la normatividad hacia la alcaldía Cuauhtémoc.
“El acuerdo de facilidades exenta algunos trámites de carácter complementario pero no exime de la aplicación de las obligaciones en materia de ley, las cuales son ineludibles e inobjetables, claras y precisas”, subrayó.
Dijo que se dará seguimiento a las investigaciones en curso, en el ámbito de la Fiscalía, donde se presentarán las pruebas documentales necesarias para el deslinde de responsabilidades.
