En San Miguel Totolapan, un polémico episodio generó conmoción al presentarse acusaciones contra el alcalde Fredy Vázquez Palacios por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero (FGJEG).
Según un comunicado emitido por la dependencia estatal, Vázquez Palacios enfrenta cargos por obstrucción a la labor de investigación en un caso de robo de dos camionetas. Se le señala por cerrar de manera ilegal las instalaciones del Ministerio Público en un intento por frenar los procedimientos judiciales.
De acuerdo con la Fiscalía, el alcalde lideró un grupo de aproximadamente 40 personas que bloquearon el acceso a la Agencia del Ministerio Público. Utilizando maquinaria pesada y una camioneta, cerraron la calle y aseguraron las puertas con cadenas y candados, dejando atrapadas a nueve personas en el interior del edificio.
Además del bloqueo, Vázquez Palacios y su grupo llevaron a cabo actos de vandalismo, ocasionando daños a vehículos propiedad de la Fiscalía mediante pintadas y golpes, así como dañando las llantas de los automóviles. También se reportó el sabotaje del circuito cerrado de televisión y el corte del suministro eléctrico en las instalaciones.
La FGJEG sostiene que estas acciones tienen como objetivo entorpecer la investigación en curso contra dos personas detenidas el pasado sábado 20 de mayo, quienes están acusadas de robo de las camionetas y se cree que tienen vínculos cercanos con el alcalde. Los vehículos fueron encontrados con reporte de robo vigente en el Registro Público Vehicular (Repuve).
El cierre ilegal del Ministerio Público y los actos de violencia llevados a cabo por el alcalde y su grupo fueron denunciados como una clara intromisión en los procesos de justicia y una forma de favorecer a personas vinculadas a Vázquez Palacios. La dependencia ha calificado estas acciones como una represalia destinada a entorpecer su labor en materia de procuración de justicia.
La FGJEG aseguró que las investigaciones sobre este caso continúan en curso y ha reafirmado su compromiso de llevar adelante los procedimientos legales necesarios para asegurar que se haga justicia y se mantenga el imperio de la ley, sin importar las influencias o posiciones de los involucrados.
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