Después de localizar más de mil restos óseos en la zona lacustre de Tláhuac-Chalco, familias buscadoras y colectivos exigieron a las autoridades capitalinas que garanticen el resguardo y la vigilancia permanente de la zona, pero sobre todo que no se tome ninguna decisión de cierre del sitio sin el consenso y la validación de quienes buscan hoy a un ser querido.
Pidieron también se realice un análisis de contexto multidisciplinario sobre la zona lacustre de Tláhuac-Chalco, pues es imperativo que las autoridades expliquen las dinámicas de violencia y territorialidad que han convertido este espacio en un sitio de depósito y ocultamiento de restos humanos.
Esta mañana las familias y representantes de los colectivos se reunieron con las autoridades que integran el Gabinete de Búsqueda de la Ciudad y ahí les entregaron un oficio con las exigencias para el tratamiento de los más de mil hallazgos, entre los cuales encontraron restos de infantes.
En el encuentro estuvieron organizaciones como Una Luz En El Camino, Hasta Encontrarles CDMX, Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, Voces de la Ausencia Justicia y Verdad, así como Lirios Buscadores Izcalli.
Al salir y en conferencia, las familias hicieron un pronunciamiento.
Pidieron garantías a la Fiscalía local, al Incifo y a la Comisión de Búsqueda para que cada resto y fragmento óseo localizado sea trasladado y procesado siguiendo los estándares internacionales de identificación, pues dentro de los más de mil restos y fragmentos localizados “podrían estar nuestros seres queridos esperando regresar a casa”, demandaron.
También solicitaron una mesa de seguimiento para que se les informe con total transparencia sobre los avances en la localización, identificación e investigación de todos los casos de personas desaparecidas vinculadas a esa zona de Tláhuac-Chalco.
En ese orden de ideas, pidieron se les entregue un informe exhaustivo sobre los restos y fragmentos óseos localizados, así como los hallazgos que se siguen encontrando en ese sitio de dolor, garantizando la trazabilidad de cada uno de los hallazgos de interés forense para las familias.
Entre sus exigencia también plantearon la seguridad e integridad de quienes participan en los procesos de búsqueda, mediante la implementación de medidas de protección eficaces, oportunas y con enfoque diferenciado, a fin de salvaguardar a quienes ejercen el derecho de buscar a sus seres queridos.
“Para las autoridades un molar o una falange es un desecho; para nosotras es una esperanza de poder regresar a nuestros seres queridos a casa”, subrayaron.
Recordaron que, lo que comenzó el 7 de abril como una jornada de búsqueda en las lagunas de La Habana, en los límites de Tláhuac y Chalco, ha revelado una realidad devastadora, pues al corte de ayer jueves 16 de abril, se han contabilizado 1,076 hallazgos de interés forense para las familias.
Dejaron en claro que este hallazgo masivo no es un logro de las autoridades, sino el resultado directo de la participación, la vigilancia y la supervisión de las familias buscadoras.
“Mientras que las autoridades pretendían dejar pasar restos y fragmentos óseos sin procesar y agotar el cribado de la tierra de forma superficial, fuimos las familias buscadoras quienes estuvimos al tanto para que no se dejará un solo resto ni fragmento óseo atrás”, acusaron.
“La autoridad quería que esto pasara desapercibido; las familias queremos que hoy el mundo entero sepa la tragedia de lo que ocurre en la capital del país”, expresaron.
Acusaron también que las instituciones de gobierno están rebasadas por la falta de coordinación, ineficacia e indolencia de las autoridades.
“Hemos documentado opacidad, incompetencia e irregularidades graves en el manejo de los restos y fragmentos óseos.
“Estos se están agrupando sin una metodología técnica adecuada, rompiendo toda cadena de custodia y el derecho a la identidad. La falta de peritos, arqueólogos y antropólogos suficientes por parte del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses y la Fiscalía de la ciudad es una omisión que no vamos a tolerar”, se pronunciaron.
No permitirán, dijeron, que desde el gobierno encubran que en México existen más de 132,000 personas desaparecida; mucho menos que en la Ciudad de México buscan a 5,798 personas y en el Estado de México a otras 13,853.
Calificaron de inaceptable que las autoridades, específicamente la Fiscalía local, pretendan catalogar los hallazgos como restos arqueológicos, basándose únicamente en una apreciación visual y sin haber requerido oportunamente la presencia de especialistas del Instituto Nacional de Historia y Antropología.
Así, lamentaron, la autoridad impidió que se siguieran las formalidades legales y técnicas obligatorias para descartar dicha aseveración.
Esta narrativa, acusaron, omite deliberadamente que desde agosto de 2025 se localizaron restos
humanos en esta misma zona que aún conservaban prendas de vestir, un indicio forense fundamental que desvirtúa cualquier intento de reducir estos 1,076 hallazgos a un contexto exclusivamente arqueológico.
Al ignorar la evidencia de violencia contemporánea y la realidad de un sitio donde “seguido aparecen cuerpos de personas flotando”, las autoridades incurren en una omisión grave de su deber de investigar y garantizar el derecho a la verdad y la justicia para las víctimas de desaparición.
Acusaron también que han realizado la búsqueda en condiciones precarias, pues el Estado no ha garantizado cinturones de seguridad para proteger su integridad, ni transporte para las jornadas bajo el sol.
A pregunta expresa, rechazaron que a pesar de los hallazgos pueda calificarse la zona lacustre de Tláhuac-Chalco como una fosa clandestina.
Jaqueline Palmeros, explicó que el lugar de los hallazgos es un cuerpo de agua con montículos, lo que geográficamente hace imposible hablar de fosas.
Carlos Ramírez, de Hasta Encontrarles, pidió ser muy cuidadosos con los términos, para no caer en sensacionalismos. Precisó que lo recién descubierto son hallazgos, pero ello no implica que se le pueda catalogar como una fosa clandestina.
