El proceso de renovación del Poder Judicial en México ha generado controversia con la postulación de Victorino Hernández Infante y Rocío Loaeza González para magistraturas civiles. Ambos, quienes previamente manifestaron su oposición a las reformas impulsadas por la Cuarta Transformación (4T), ahora buscan ocupar cargos clave en el sistema judicial, pese a acusaciones de nepotismo y presuntos vínculos con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña.
De acuerdo con la columna Plaza Central de Fermín Sánchez, publicada en el diario Basta, los esposos, quienes actualmente laboran en tribunales del Estado de México, tienen altas probabilidades de obtener las magistraturas debido a su cercanía con Piña. «¿Y entonces esta reforma no termina ni siquiera con el nepotismo?», cuestionó el periodista, refiriéndose a la falta de coherencia entre el discurso oficial y las prácticas en el Poder Judicial.
Actualmente, Rocío Loaeza González funge como Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito en Toluca, mientras que Victorino Hernández Infante es magistrado en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito. Ambos han sido críticos de las reformas judiciales promovidas por el Ejecutivo Federal.
Hernández Infante, además, es uno de los magistrados que deberá someter su cargo a elección popular en 2025, como parte del nuevo esquema de renovación judicial. No obstante, ha sido señalado por emitir resoluciones favorables a la administración federal y mantener lazos con el exministro Arturo Zaldívar.
La elección del próximo 2 de junio definirá el futuro de importantes posiciones en el Poder Judicial, incluyendo nueve ministros de la SCJN, cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, dos en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 en salas regionales, 464 magistraturas de circuito y 386 jueces de distrito. En total, 3 mil 422 aspirantes compiten por estos puestos dentro de un proceso que, en teoría, busca erradicar el nepotismo y garantizar transparencia en la impartición de justicia.
Sin embargo, la postulación de figuras como Hernández y Loaeza ha puesto en duda la efectividad de la reforma judicial, generando críticas sobre si realmente se están combatiendo las viejas prácticas que han prevalecido en el sistema judicial mexicano.
