México atraviesa un punto de inflexión en materia de política fiscal. Con mayores compromisos de gasto público, programas sociales en expansión y proyectos de infraestructura en marcha, el gobierno federal ha optado por cerrar espacios a la evasión y elusión de impuestos, una estrategia que también empieza a replicarse en la Ciudad de México.
De acuerdo con datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la evasión fiscal en el país equivale a entre 3 y 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representa cientos de miles de millones de pesos que no ingresan a las arcas públicas cada año. A ello se suma que México recauda apenas 16 por ciento del PIB en impuestos, una de las tasas más bajas entre los países miembros de la OCDE.
Este rezago ha sido utilizado como principal argumento para justificar un endurecimiento en las estrategias de fiscalización.
El combate a la evasión se apoya cada vez más en herramientas digitales. La facturación electrónica 4.0, los cruces automatizados de información bancaria, el monitoreo de plataformas digitales y auditorías focalizadas por sector se han convertido en piezas centrales de la política fiscal.
En la CDMX, estas medidas se reflejan en propuestas para reforzar la recaudación de impuestos locales, actualizar padrones y detectar subdeclaraciones en giros como arrendamiento, comercio, servicios profesionales y economía digital, históricamente difíciles de fiscalizar.
Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), estas acciones han permitido mejorar la eficiencia recaudatoria sin aumentar formalmente las tasas impositivas, aunque advierte que el margen de error y discrecionalidad sigue siendo un riesgo.
El endurecimiento fiscal no ha pasado desapercibido para el sector productivo. Cámaras empresariales han expresado preocupación por el impacto que una fiscalización más agresiva puede tener en la liquidez de las empresas, especialmente en pequeñas y medianas, que concentran buena parte del empleo formal.
Estudios del IMCO señalan que la incertidumbre fiscal y la percepción de mayor presión pueden frenar la inversión privada, en un contexto donde el crecimiento económico ya muestra signos de desaceleración.
Especialistas coinciden en que combatir la evasión es indispensable para fortalecer las finanzas públicas, pero subrayan que el esfuerzo debe concentrarse en grandes evasores, mejorar la transparencia del gasto y ofrecer certeza jurídica a los contribuyentes cumplidos.
El debate está abierto: mientras el gobierno defiende la estrategia como un acto de justicia fiscal, empresarios y opositores piden equilibrio para evitar que la recaudación se convierta en un freno al desarrollo económico.
