El próximo 25 de febrero, el Instituto Nacional de Migración (INM) dará a conocer el resultado de la licitación LA-04-K00-004K00001-N-2-2026, que contempla la contratación del servicio de protección, seguridad y vigilancia en sus oficinas de representación en 21 entidades del país. La convocatoria marca el 19 de febrero como fecha para la presentación y apertura de propuestas, con lo que el procedimiento entra en su etapa decisiva.
De acuerdo con fuentes del sector, el proceso podría derivar en la permanencia, por conductos empresariales indirectos, del grupo que operó la seguridad del instituto durante el sexenio anterior y que enfrentó sanciones administrativas.
En la lista de participantes aparece Serprosep S.A. de C.V., empresa que, según investigaciones periodísticas y denuncias, mantiene vínculos empresariales con Sandalio Sáenz, señalado como operador de compañías relacionadas con el llamado “Cártel de la Limpieza”. Ese grupo habría prestado servicios al INM en años previos mediante la firma Grupo Seguridad Privada Pryse de México.
Grupo Seguridad Privada Pryse de México fue inhabilitada el 15 de septiembre de 2025 por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, tras incumplimientos en contratos de vigilancia en recintos culturales de la Ciudad de México, incluido el Museo Nacional de Antropología. Los hechos provocaron cierres temporales y ajustes en la contratación de seguridad privada. Más adelante, la empresa obtuvo suspensiones judiciales que dejaron sin efecto provisional las sanciones, en tanto el litigio sigue su curso.
El desempeño de Pryse también quedó registrado en el Índice de Integridad de Proveedores del Estado 2025, elaborado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. El reporte le asignó 12.9 puntos de 100 posibles y la colocó en la posición 91 entre las cien empresas con mayores contratos federales, dentro de un segmento con debilidades en políticas anticorrupción y mecanismos de cumplimiento corporativo.
Fuentes cercanas al procedimiento señalaron que la convocatoria incluye requisitos técnicos específicos. El numeral 4.1.1 inciso k establece que los licitantes deben contar con al menos cinco capacitadores certificados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, inscritos en estándares de competencia del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), además de acreditar constancias especializadas en derechos humanos, protocolos de seguridad y protección de personas migrantes.
Según esas fuentes, las exigencias incrementan los costos de participación y reducen el número potencial de competidores. El procedimiento se desarrolla bajo la gestión del titular del INM, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien ha planteado públicamente la necesidad de atender prácticas heredadas de la administración de Francisco Garduño, periodo que enfrentó cuestionamientos en materia de contratación de servicios de seguridad.
