El crimen acecha a las madres buscadoras en México

El difícil camino de las madres buscadoras en México
Foto: FB @madresbuscadorasdeSonora

La creación de grupos de búsqueda de personas y el destino de las madres que retan con la frente en alto al crimen organizado representan el significado de un Estado fallido. 

Con esta premisa, el corresponsal de Animal Político y autor del libro ‘Caravana: cómo el éxodo centroamericano salió de la clandestinidad’, Alberto Pradilla expuso para The Washington Post la insólita realidad de los padres que buscan entre la tierra los restos de sus hijos desaparecidos. 

Hace unos meses, el conteo de desapariciones en el país batió su propia marca.

Luego de que se anunciasen más de 100 mil casos registrados de personas desaparecidas de 1964 a 2022. 

Un fenómeno que crece y se transforma raudo, imposibilitando la comprensión global de una situación que se adecúa a las problemáticas de cada estado de la república. 

Ya que, si bien el país se encuentra dentro de una misma esfera de violencia, las manifestaciones por zona varían tanto en forma como en intensidad. 

Y es esta profundidad la cual imposibilita un entendimiento completo de las causas y, en consecuencia, de su prevención y combate. 

Así, en tanto las autoridades buscan formas legales para atacar la situación de los ausentes, las personas que ya no tienen nada que perder son quienes ponen cara, brazos, uñas, picos y palas a la búsqueda desde el atrincheramiento civil. 

Las madres de las y los desaparecidos son quienes salen a las calles, a las fosas y a todos aquellos lugares en donde las autoridades se han negado a buscar. 

Y caminan entre el terreno balizado por el crimen organizado a pesar de las consecuencias.

La violenta censura hacia las madres buscadoras

Este fue el caso de Rosario Liliana Rodríguez Barraza, activista y buscadora de su hijo desde hacía tres años hasta antes de ser asesinada el pasado 30 de agosto en Sinaloa. 

La violenta censura de Rosario regresó a la mesa la conversación sobre las desapariciones en el país.

Así como la falta de apoyo que reciben estos grupos de búsqueda por parte del Gobierno. 

Sin embargo, el caso es uno más de tantos que se han cometido.

Y las discusiones al respecto, una idéntica respuesta de la preocupación ciudadana que con el tiempo se desvanece.  

Hasta el momento, al menos seis madres buscadoras han sido asesinadas durante el actual mandato. 

En octubre del 2020, una mujer de 45 años fue acribillada por dos jóvenes a las afueras de su casa en León, Guanajuato, el estado más violento del país. 

Se trataba de María del Rosario Zavala Aguilar, asesinada 10 meses después de emprender la búsqueda de su hijo, quien fue secuestrado en plena luz del día por hombres armados. 

A ellas se suman Zenaida Pulido en Michoacán, en 2019; Javier Barajas en Guanajuato, Aranza Ramos en Sonora y Nicanor Araiza en Zacatecas, en 2021. 

De esta forma, los ariscos delitos contra los defensores de los derechos humanos se multiplican y enferman a los diferentes sectores que guardan como eje en común la búsqueda de la justicia. 

Activistas, periodistas y familiares buscadores son asesinados al destapar planos que no deben ser vistos, mientras los criminales se mofan de la legislación de un país en donde el 90 por ciento de los casos quedan impunes. 

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