La situación de seguridad en México continúa siendo uno de los principales retos para las autoridades federales y locales.
Diversos indicadores muestran que delitos relacionados con el crimen organizado —como desapariciones forzadas y extorsión— mantienen una tendencia al alza, con repercusiones sociales, económicas y comunitarias que afectan directamente la vida de millones de personas.
De acuerdo con el Informe Nacional de personas desaparecidas, entre 2024 y 2025 el número de casos ha aumentado en más de un 12%, con más de 112 000 registros de personas desaparecidas o no localizadas en todo el país, una cifra que se ha ido incrementando año con año desde 2006.
La extorsión representa otra de las alertas más preocupantes.
En los últimos cinco años, las víctimas de este delito han seguido una curva ascendente: en 2018 se registraron cerca de 6,895 casos, mientras que en 2023 la cifra ascendió a más de 10,255 víctimas documentadas, con un incremento continuado en 2025.
Negocios y comercios, sobre todo en la Ciudad de México, han registrado un aumento de extorsiones que, según datos extraoficiales, llegaron a duplicarse respecto al año anterior, con cientos de casos denunciados en 2025 en comparación con periodos anteriores.
El impacto del crimen organizado va más allá de desapariciones y extorsión. Según el índice mundial de crimen organizado 2025, México se ubica en los primeros lugares a nivel global en actividad de mercados ilícitos, con una puntuación que refleja la diversificación de los grupos criminales en actividades como extorsión, robo de combustible, secuestro y tráfico de drogas.
Además, se estima que dos tercios de los homicidios registrados en el país están vinculados al crimen organizado, una cifra que evidencia no solo la violencia entre grupos delictivos, sino también el impacto que tiene sobre la seguridad de la población civil.
Ante este panorama, las autoridades han impulsado reformas legales y operativas. A finales de 2025, el Congreso aprobó una ley que endurece las penas por extorsión con castigos de hasta 42 años de prisión, en un intento por frenar este delito que golpea a pequeños negocios y familias.
Además, se han anunciado iniciativas para fortalecer fiscalías especializadas en crímenes como la desaparición forzada, con el objetivo de agilizar investigaciones y brindar más herramientas a las procuradurías, aunque organizaciones civiles señalan que se requiere mucho más que leyes: hacen falta recursos, capacitación y voluntad política para transformar resultados.
A pesar de los esfuerzos legales, la percepción de impunidad sigue siendo elevada. Estudios han señalado que la mayoría de delitos violentos quedan sin resolución efectiva, lo que genera desconfianza en la población y limita la denuncia ciudadana. Esto, sumado a la presencia persistente de grupos criminales con capacidad de infiltración en comunidades y hasta en estructuras institucionales, mantiene la inseguridad como un tema prioritario en la agenda nacional.
La inseguridad no solo se mide en cifras; tiene efectos reales sobre la sociedad mexicana. Empresas medianas y pequeñas reportan pérdidas económicas por extorsión, mientras que familias enteras viven con el miedo constante de la desaparición de un ser querido o de ser víctimas de violencia.
Este clima de violencia también puede influir negativamente en la inversión, el turismo y la percepción de seguridad en ciudades como la Ciudad de México.
La combinación de desapariciones, extorsión y violencia organizada demuestra que México enfrenta un desafío complejo que va más allá de las cifras.
Si bien las reformas legales son pasos necesarios, analistas y expertos insisten en que se requiere una estrategia integral que combine prevención, justicia, fortalecimiento institucional y atención a las víctimas para revertir tendencias y recuperar la confianza pública en las instituciones de seguridad.
