El Pleno del Congreso local aprobó la nueva Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México que otorga el control y administración de las cárceles capitalinas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Durante la discusión y votación del dictamen surgió la polémica al revelarse que la nueva ley vulnera los derechos de la salud de las personas presas.
El debate se dio a raíz de varias reservas que presentó el legislador del PRD Jorge Gaviño.
El problema es que la Ley de Centros Penitenciarios enviada por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, exime a la administración local de su responsabilidad para garantizar el derecho a la salud de las personas en reclusión.
Esa legislación establece en su artículo 100 que si una persona privada de la libertad es trasladada a un hospital particular, cuando el gobierno no tenga los medios para atender la enfermedad, el reo o su familia deberán cubrir el costo de la atención médica.
Gaviño presentó una propuesta para eliminar esa parte del artículo, pero la mayoría de Morena en el Congreso local desechó la reserva.
Una propuesta que el perredista sí logró incorporar tiene que ver con el derecho de los niños a permanecer con sus mamás privadas de la libertad.
Actualmente, los menores pueden permanecer con sus madres hasta que cumplan los seis años de edad.
En el dictamen se planteaba que los menores solo permanecieran con sus madres hasta los tres años, pero debido a la reserva quedó a los seis años.
Al presentar el dictamen, la legisladora de Morena Leticia Varela explicó que con esta nueva ley se busca contar con una manera eficiente de combatir delitos como el secuestro y la extorsión telefónica que se cometen desde el interior de los centros penitenciarios.
Destacó que se establecerán cinco ejes de acción, a cargo de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, ubicada dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana:
La inteligencia penitenciaria, el desarrollo penitenciario, la coordinación interinstitucional, la homologación de normas y procedimientos, y el combate a la corrupción.
Informó que actualmente existen cerca de 26 mil personas recluidas en el Sistema Penitenciario de la capital.
Este dictamen se aprobó en lo general y los artículos no reservados, con 46 votos a favor y 8 abstenciones.
Con las reservas aceptadas, se aprobó con 44 votos a favor y 8 en contra.
