El Gobierno federal ha encontrado en el trabajo comunitario una vía alterna —y quizá más eficaz— para contener la violencia desde su raíz. A través de la Estrategia de Atención a las Causas que Generan la Violencia, la Secretaría de Gobernación ha desplegado más de un millón de atenciones en zonas prioritarias del país, colocando a la ciudadanía, y especialmente a las infancias y juventudes, en el centro de la política pública de seguridad.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, detalló que se han realizado más de mil ferias de paz, jornadas de reconstrucción del tejido social y actividades culturales en colonias, barrios y comunidades históricamente marginadas. Estas acciones incluyen desde talleres artísticos y deportivos hasta campañas de desarme voluntario y atención médica. El objetivo es claro: ocupar el territorio antes que lo hagan las violencias, a través de una presencia institucional permanente.
En contraste con estrategias centradas en el despliegue de fuerzas armadas, esta iniciativa plantea que la pacificación solo es sostenible cuando el Estado se arraiga con servicios, derechos y cultura. Programas como “Sí al desarme, sí a la paz” y el fomento a las juventudes como agentes de cambio son pilares de esta nueva narrativa gubernamental, una que busca ganar legitimidad y confianza desde lo cotidiano.
Entre los resultados destacan el acompañamiento psicoemocional para niñas, niños y adolescentes, así como la vinculación con escuelas, centros de salud y espacios comunitarios. El enfoque está en reducir factores de riesgo como el consumo de sustancias o el abandono escolar, mientras se fortalecen redes sociales locales con liderazgos civiles y comunitarios.
La Estrategia también ha promovido el involucramiento de gobiernos locales y organizaciones sociales, lo que ha permitido que las acciones se adapten a las realidades de cada comunidad. Aunque los retos son grandes —como la permanencia a largo plazo o la evaluación del impacto real en índices delictivos—, el esfuerzo representa un giro importante en la visión sobre la seguridad pública en México.
Desde esta lógica, la pacificación no es solo un tema de policías y fiscales, sino de acceso a derechos y oportunidades. Más allá del número de armas recolectadas o actividades realizadas, lo que está en juego es la construcción de otra relación entre el Estado y la sociedad: una que privilegie la escucha, el cuidado y la vida comunitaria por encima del castigo.
