La presidenta de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elvira Madrid Romero, denunció el asesinato de 23 trabajadoras sexuales en los alrededores y dentro de hoteles de la CDMX en lo que va del año 2023.
Sin embargo, muchos casos no son denunciados o investigados ya que las mujeres son revictimizadas por las autoridades o los delitos son cometidos en lugares clandestinos.
Arlén Palestina Pandal, representante legal de Brigada Callejera declaró durante el XXVI Encuentro de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, que de las 23 denuncias presentadas ante la Fiscalía ninguna ha sido judicializada y todas se encuentran en proceso de investigación .
Además señaló las zonas de Tlalpan y la Merced como lugares donde hay un alto índice de feminicidios por el narcomenudeo y clientes alcoholizados.
Exigen justicia ante la violencia
En el encuentro, denunciaron dos casos de feminicidios en la Ciudad de México a principios del mes de junio. Uno de ellos es el de Natalia González Santiago, una mujer transgénero que fue asesinada en el Hotel Condesa, ubicado en Tlalpan.
El otro, se trata del asesinato de una mujer trabajadora sexual cisgénero en la zona de la Merced. Al respecto, la Brigada exige la investigación de ambos casos
Elvira, también explicó que debido a la pandemia por covid-19 aumentó el número de trabajadoras de 7,500 en 2019 a 15,000 en 2023 .
Con ello también se agravaron las problemáticas en materia de seguridad y salud así como extorsiones policiacas, judiciales y por parte de los hoteleros.
“Este es un llamado al gobierno de la Ciudad de México para que nos volteen a ver, ya es hora de que nos tomen en cuenta y que nos apoyen. Actualmente hay mucho peligro, la gente te agrede y ya no sabes si vas a salir viva” declaró Valentina Jiménez, una mujer transgénero que ejerció el trabajo sexual durante más de 10 años.
Al grito de ¡Respeto total al trabajo sexual! las mujeres exigen el reconocimiento del trabajo sexual en todo México así como un alto a la violencia y al abuso de las autoridades.
Esto ya que la brigada declaró que un 73% de los responsables en casos de violencia son servidores públicos del sector salud y judicial.
