En el gobierno de Clara Brugada le apuestan a que la Fiscalía capitalina deslinde responsabilidades tanto de la empresa que hacía la demolición, como de la alcaldía Cuauhtémoc, por el colapso de un edificio en la colonia Tránsito que ayer cobró la vida de tres trabajadores.
“Entra la Fiscalía y tendrá que hacer todas las investigaciones necesarias. Creo que lo que hoy se ha expuesto es lo que nos corresponde a nosotros. Y lo que se hizo, es lo que le corresponde legalmente a la alcaldía y sobre la investigación, la Fiscalía tendrá que dar resultados al respecto”, expresó en conferencia la jefa de Gobierno.
Añadió que la empresa DEMEC -no DeMet como se había entendido en un principio-, tendrá que asumir la responsabilidad que determine la Fiscalía.
“Sabemos que ellos son la empresa que estuvo a cargo de la demolición y los familiares tendrán que decidir: si el objetivo es la reparación integral del daño, pues tendrán que repararlo, con todo lo que implica”, explicó Brugada.
Hoy la mandataria encabezó una conferencia de prensa con su gabinete de planeación, seguridad, gobierno y vivienda, para dejar en claro hasta dónde llegan las facultades y responsabilidades de su administración en el colapso del edificio ubicado en Calzada San Antonio Abad 124.
Brugada y su gabinete también dejaron en claro que la mayor responsabilidad en cuanto a la verificación y supervisión de medidas de seguridad y protección civil le corresponden a la alcaldía Cuauhtémoc que encabeza la opositora Alessandra Rojo de la Vega.
De ahí que durante la conferencia se le preguntó a la mandataria si la intención de su gobierno es enfocar una responsabilidad penal contra la alcaldía por actuación y omisión.
De ahí fue que Clara Brugada aclaró que la Fiscalía capitalina será la encargada de deslindar responsabilidades sobre el derrumbe de un edificio que se encontraba con daños desde los sismos de 1985 y 2017.
En la conferencia, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, enfatizó las responsabilidades de la alcaldía que encabeza Alessandra Rojo, al hablar de la Constitución Política de la Ciudad; de la Ley Orgánica de Alcaldías, en su artículo 32, y el Reglamento para las Construcciones del Distrito Federal.
Ahí, expuso, se establece que a las alcaldías —en el ámbito de sus atribuciones en materia de desarrollo urbano, protección civil y verificación administrativa— corresponde vigilar las obras y demoliciones que se realicen en su territorio.
Esto para que se ejecuten conforme a las medidas de seguridad, como son la protección de las edificaciones colindantes, la seguridad de las personas, riesgos a la vía pública y daños a terceros.
Inti Muñoz relató que el 25 de mayo del 2018 el Instituto de Seguridad para las Construcciones de la Ciudad de México determinó la necesidad de la demolición total del inmueble de la calle de San Antonio Abad, número 124, colonia Tránsito, debido al riesgo estructural existente tras las afectaciones por los sismos de 2017, edificio que desde entonces permaneció vacío.
El 2 de junio del 2018, dijo, el Comité de Emergencias de Protección Civil de la Ciudad de México notificó al titular de la edificación la necesidad de demolerlo ante el riesgo estructural identificado.
Muñoz indicó que el 20 de noviembre de 2020 los propietarios constituyeron el Fideicomiso 777 para gestionar y ejecutar las acciones relacionadas con la demolición.
Evadió revelar quiénes son los particulares que integran dicho fideicomiso, así como los representantes legales y que por lo tanto son dueños del inmueble; solo dio a conocer el nombre de la firma DEMEC como la responsable de la demolición.
Añadió que el 14 de julio de 2025 el representante legal del fideicomiso solicitó la aplicación del Acuerdo General de Facilidades Administrativas para trabajos relacionados con la demolición.
Así, la Comisión para la Reconstrucción, mediante oficio de fecha 20 de octubre de 2025, notificó a la alcaldía Cuauhtémoc que la solicitud presentada por los propietarios cumplía con los requisitos iniciales para tener derecho a los preceptos definidos en la ley para la reconstrucción y el acuerdo de facilidades mencionado.
Inti Muñoz reveló que ayer, en el lugar del siniestro, sostuvo una charla con Alessandra Rojo “para dejarle en claro las responsabilidades de la alcaldía”.
A pregunta expresa, el secretario de Vivienda explicó que la demolición tardó en realizarse varios años por parte de los dueños a pesar de que hubo una insistencia y seguimiento por parte del gobierno capitalino.
Reveló que existen al menos 10 inmuebles en condiciones similares al de San Antonio Abad que deben demolerse pues tienen daños derivado de los sismos.
La jefa de Gobierno negó que este percance vaya a retrasar las obras que se realizan sobre la avenida San Antonio Abad como la Calzada Flotante y la ciclovía.
Explicó que el Invea y la alcaldía Cuauhtémoc colocaron sellos de clausura en el edificio colapsado, lo cual implica que la demolición queda suspendida.
A decir de la secretaria de Protección Civil Miriam Urzúa, no hay riesgo de un nuevo derrumbe pues lo que queda en pie es ya muy poco.
Urzúa también dio a conocer que los tres trabajadores fallecidos tenían 30, 33 y 40 años. Ninguno era residente de la Ciudad de México.
La Jefa de Gobierno Clara Brugada aseguró que no habrá impunidad en la investigación del caso y expresó la voluntad de su gobierno para que la investigación se conduzca con transparencia y se lleve a cabo hasta las últimas consecuencias.
La Jefa de Gobierno recordó que durante las labores de rescate un trabajador fue localizado con vida y trasladado al Hospital Rubén Leñero, donde se reporta fuera de peligro y con evolución favorable.
También dijo que el Gobierno de la Ciudad activó mecanismos de acompañamiento integral a los familiares de las víctimas, quienes son procedentes del Estado de México, Hidalgo y Veracruz.
Esto con el objetivo de mantener comunicación directa para garantizar el apoyo en todo lo que necesiten, desde asesoría hasta espacios de descanso y atención durante el proceso.
Respecto al inmueble, Brugada Molina explicó que se trataba de un edificio privado en proceso de demolición que resultó afectado por el sismo de 2017, el cual había sido clasificado como de alto riesgo y notificado desde 2018 para su demolición.
Los trabajos eran realizados por particulares conforme a los trámites promovidos ante la Comisión para la Reconstrucción.
También dijo que solicitará a las 16 alcaldías fortalecer los mecanismos de supervisión y vigilancia en procesos de demolición, a fin de prevenir riesgos y reforzar la seguridad en este tipo de obras.
