Aprueban plan de Sheinbaum para elevar precio de vivienda. Diputados locales aprobaron en comisiones la iniciativa de Claudia Sheinbaum que eleva el precio de la vivienda en la CDMX.
Con ello se garantiza que esta propuesta pase al Pleno del Congreso local para su ratificación en el periodo extraordinario de sesiones que se realizará el 30 de agosto.
De hecho, el dictamen ya está incorporado en el orden del día de la sesión extraordinaria que se celebrará en esa fecha.
En el dictamen no se hace ninguna referencia ni se incluyen opiniones ciudadanas que organizaciones sociales hicieron llegar al Congreso local sobre los cambios a la Norma 26.
Ese fue el caso de la organización Suma Urbana que encabeza Josefina MacGregor, quien entregó sus observaciones el 20 de agosto.
En la discusión del dictamen, diputados de Morena como Valentina Batres tampoco hicieron una sola mención a las opiniones ciudadanas.
El dictamen se aprobó por mayoría en las comisiones unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y de Hacienda.
Sólo votaron en contra las diputadas del PAN Gabriela Salido y Margarita Saldaña.
En el papel los legisladores no hicieron ningún cambio a la iniciativa que les remitió la jefa de gobierno.
ELEVAN PRECIO DE VIVIENDA EN CDMX
La reforma que planteó la jefa de gobierno modifica las leyes de Vivienda, de Desarrollo Urbano, el Código Fiscal y la Norma de Ordenación 26.
En el caso de la vivienda de interés popular, el precio de venta al público sube, del costo actual que es de entre 483 mil 948 pesos y 806 mil 580 pesos, a un valor que fluctuará entre los 537 mil 720 pesos y los 967 mil 896 pesos.
Para el caso de la vivienda de interés social, su precio máximo pasará de las 5 mil 400 veces la Unidad de Cuenta que vale hoy a 6 mil veces el valor, esto es, pasa de 483 mil pesos a 537 mil pesos.
Se crea un nuevo tipo de vivienda “sustentable” que costará hasta un millón 551 mil pesos.
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LA NORMA 26 PARA VIVIENDA
Durante la discusión del dictamen, la diputada del PAN Gabriela Salido cuestionó la opacidad con la que se pretenden operar los cambios a la Norma 26.
Recordó que la Norma 26 está suspendida, aunque solo es aplicable para proyectos que desarrolle el INVI y Servimet.
En teoría, la Norma 26 surgió desde la pasada administración para incentivar la construcción de vivienda popular y de interés social.
Pero desarrolladores inmobiliarios hicieron mal uso de ese instrumento y aprovechándose de las facilidades fiscales y administrativas se dedicaron a edificar otro tipo de vivienda, de rangos muy superiores a los de tipo popular.
Ahora, se busca por ley reactivar esa Norma y para ello la propuesta de Claudia Sheimbaum plantea que los desarrolladores inmobiliarios se asocien con Servimet para la construcción de proyectos de vivienda.
Al asociarse los privados con Servimet, se creará un fideicomiso para garantizar el financiamiento.
Pero Gabriela Salido lamentó que en la propuesta no se especifica como funcionará ese fideicomiso, ni se precisa bajo qué criterios el Gobierno de la Ciudad elegirá a los inmobiliarios que se asociarán con Servimet.
“Eso es repetir la historia que muchos aquí han criticado”, acusó la panista.
También lamentó que se reducen los criterios de sustentabilidad que deben atender los privados al momento de construir.
Uno ejemplo de ello es la obligación de realizar acciones para el ahorro del agua durante el desarrollo del agua, pues se reduce de 30 a 15 por ciento el volumen de agua que se debe ahorrar.
OBSERVACIONES DE SUMA URBANA
En las observaciones que remitió al Congreso local, la directora de Suma Urbana Josefina MacGregor, recordó que para 2016 ya se aceptaba la existencia de 5 mil edificios irregularidades al amparo de la Norma 26, sin que fueran sancionados.
Acusó que la iniciativa de Sheinbaum, hoy convertida en dictamen, presenta muchas de las fallas originales, mismas que desde el pasado sexenio fueron diseñadas por Pablo Benlliure, hoy director del Instituto de Planeación.
Así, dijo que la propuesta incentiva al mal uso de la Norma, al permitirse edificaciones en cualquier lugar de la Ciudad.
Además, después de los cinco años de su construcción la vivienda se liberará al precio de mercado y ello permitirá su comercialización a costos muy por encima de los rangos popular y de interés social.
No se especifica el uso, manejo y control de 10 por ciento de la vivienda que el constructor transferirá como propiedad al GobCDMX, lo que permite su uso clientelar.
“Se continúa con el esquema de violación sistemática a los usos de suelo”, acusó Josefina MacGregor.
Agregó que se eliminan los criterios de sustentabilidad, participación ciudadana en las decisiones, infraestructura y servicios, para dar lugar a un gran negocio con el gobierno.
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