Desde su fundación en 2017 por Fernando Aportela Rodríguez, exsubsecretario de Hacienda durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la consultora financiera Altor se ha posicionado como un actor clave en la asesoría del gobierno federal y de varios estados en el contexto del gobierno de la 4T.
Con más de 30 contratos obtenidos, la firma ha sido clave en proyectos prioritarios del expresidente Andrés Manuel López Obrador, como la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto de Tulum, obras gestionadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Los ingresos por estos contratos superan los 40 millones de pesos a pesar de estar en la mira de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que la inhabilitó en 2019, y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que la sancionó en el mismo año. Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que Altor figuraba como contribuyente incumplido ante el SAT.
En 2024, Altor amplió su presencia en el sector financiero al abrir su propia casa de bolsa, la única autorizada en el sexenio actual. A través de un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD) listado en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), la firma recaudó 2,500 millones de pesos para financiar proyectos federales. Este movimiento muestra la expansión de Altor más allá de su enfoque tradicional en el sector público.
La empresa ha sido cuestionada por su creciente influencia en el gobierno federal. Además de Aportela, destacan otros líderes dentro de la firma, como Marcela Andrade Martínez, extitular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda en el gobierno de Peña Nieto, y de Gustavo Matías Gutiérrez León, empresario tabasqueño con nexos cercanos al círculo del ex presidente López Obrador.
A lo largo de los años, Altor ha trabajado en la reestructuración de deuda de diversas entidades federativas, entre ellas Jalisco, Oaxaca, Morelos y Sonora, lo que le ha permitido recibir pagos superiores a los 130 millones de pesos. Estos contratos han consolidado aún más su rol como asesor de gobiernos estatales en problemas financieros.
En 2023, Altor incursionó en el ámbito empresarial al adquirir los derechos litigiosos del Ingenio Puga -actualmente bajo evaluación judicial- y la empresa Copaco, en un proceso concursal. A través de Altor Capital I y II, la firma se convirtió en acreedora mayoritaria, adquiriendo deudas por cerca de 5 millones de dólares. Esta jugada ha generado polémica, ya que otros acreedores como Sucroliq han denunciado que la firma busca ejecutar garantías para tomar el control de las empresas.
Pese a las críticas y cuestionamientos sobre su papel en los negocios y en la política, Altor ha sabido expandir su influencia, replicando el modelo de asesoría que otras firmas como Protego y Evercore implementaron en décadas pasadas.
