Alto al Fuego, un programa contra la violencia con pocos resultados y dinero

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Alberto Cuenca Reportero en Capital CDMX

Como parte de su plan para combatir la violencia criminal, el gobierno de Claudia Sheinbaum puso en marcha desde hace un año un programa denominado Alto al Fuego.

Se trata de una acción que puso en marcha la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que apenas atendió a 93 personas y no pasó de un magro presupuesto por 494 mil pesos.

De hecho, en un año de implementación no pasó de ser un plan piloto del que la misma SSC reconoció su deficiencias.

En una evaluación interna del propio programa, la dependencia aceptó: 

“Es necesaria una mayor participación presupuestal, a fin de ampliar la cobertura del Programa, incluso para intervenir en un mayor número de Demarcaciones Territoriales”.

LA ESTRATEGIA

Desde enero de 2020 Claudia Sheinbaum habló de la estrategia Alto al Fuego como parte de los Ejes definidos por su gobierno para atacar las causas de la delincuencia en la Ciudad.

Aquella vez dijo que el plan era alejar de la delincuencia a 3 mil jóvenes, como parte de una primera etapa en la estrategia Alto al Fuego.

La idea era otorgarles una beca e integrarlos a programas sociales.

Pero llegó la pandemia y el plan se pospuso casi año y medio.

PROGRAMA PILOTO

Fue hasta finales de junio de 2021 que la SSC arrancó el programa, pero en una modalidad piloto.

Al ser una versión piloto, el plan solo se aplicó en la alcaldía Álvaro Obregón.

El objetivo del programa fue prevenir la violencia armada en zonas con alta incidencia delictiva.

Así como contribuir a la reducción de las lesiones y homicidios por arma de fuego.

El apoyo consistió en la entrega de una ayuda monetaria a los asistentes durante cuatro meses a talleres de ayuda psicoemocional y terapias.

Los talleres se denominaron SANAR, Fénix y CurArte. 

En los dos primeros talleres el apoyo económico para 50 personas y durante 2021 fue de 2 mil pesos al mes. 

En el de CurArte fue de mil pesos mensuales para cada uno de 19 beneficiarios.

A ello se suma una ayuda económica de 2 mil 500 pesos mensuales a cuatro facilitadores de servicios.

Además se otorgaron 20 Apoyos Únicos, de 800 pesos cada uno, para el apoyo de contingencias que presentaban las personas beneficiarias, así como familiares directos, por única ocasión.

INCIDENCIA

El Informe Final de la Evaluación Interna del Programa Social Componente Comunitario Alto al Fuego de la SSC se publicó este 27 de julio en la Gaceta Oficial capitalina.

En el documento se citaron los principales 

indicadores de la problemática pública que atiende el programa.

Así, se incluyeron datos de la Encuesta Nacional de Victimización Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).

Se destacó que la Ciudad de México tuvo una reducción en el porcentaje de hogares víctimas del delito, pasando de un 52.8% en 2017 a un 39.7% en 2020.

Sin embargo, el porcentaje de delitos con portación de armas de fuego se mantuvo estable durante ese periodo.

En 2019 y 2020, el porcentaje de delitos con arma de fuego se mantuvo en 49.9 por ciento, según el documento.

De hecho, ese solo dato incluido en dicho Informe refutan los resultados de otra estrategia de seguridad como el programa Sí al Desarme, Sí a La Paz.

DIAGNÓSTICO

El Informe que se publicó en la Gaceta contiene un diagnóstico generado a partir de entrevistas realizadas a funcionarios de la SSC que participaron en el mismo.

De ahí surgieron recomendaciones, como mejorar el proceso de seguimiento a beneficiarios, con una mayor periodicidad, a fin de ajustar la planeación con la debida anticipación.

También, incluir mecanismos tecnológicos para dar seguimiento en tiempo real de los casos atendidos.

Además, reducir la carga administrativa para el pago del beneficio económico, así como flexibilizar los mecanismos de pago.

“A pesar de cumplir con lo planeado, la pandemia trajo consigo efectos adversos, como inasistencias cotidianas a los talleres.

“Así como la dificultad de encontrar espacios adecuados, y una mayor cantidad de talleres para atender grupos con un menor número de personas beneficiarias”, se lee en ese diagnóstico.

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