Ciudad de México.-La defensa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, aseguró que las imputaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) son deficientes y que la orden de aprehensión girada en contra de su cliente tiene serios vicios legales.
En comunicado, el cuerpo de abogados de Velásquez & Asociados reveló que se aceptó el allanamiento a la solicitud de extradición a México, debido a que no se encontraron bases sustentables para acreditar los cargos federales por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En tres puntos, especificó que el delito de delincuencia organizada no se acredita ni se intentó probar la existencia de una organización supuestamente delincuencial, mucho menos que ésta actúe de manera permanente o reiterada.
“En el caso concreto, se imputa la supuesta ilegalidad de una sola operación vinculada a unos ejidos. Sin embargo, ese mero hecho denota la ausencia de permanecía o reiteración que el delito en cuestión supone. Si falta un elemento esencial del delito en estudio, el resultado no es ni puede ser otro más que éste NO se cometió.
“No se acredita la forma de intervención del ex Gobernador Duarte de Ochoa, ni mucho menos la pertenencia a una organización criminal. El término “pertenecía” significa que para efectos del derecho penal material, debe existir a través de medios de convicción suficientes una acreditación respecto a la disposición interna del sujeto, para adherirse a la organización delictiva y para obligarse mutuamente en los intereses de dicha organización delictiva. En el caso concreto dicho elemento del delito tampoco se actualiza.”, se lee en el texto.
Mientras que el segundo cargo que se le señaló al ex gobernador fue por recursos de procedencia ilícita, el cual, según la defensa, no tiene el menor sustento jurídico, de hecho, está planteada como si fuera peculado. Llama poderosamente la atención el hecho de que la fecha en la que se dice salieron recursos del Gobierno de Veracruz para supuestamente financiar la compra de terrenos ejidales es posterior de aquella en que se compraron supuestamente los mismos.
Tal absurdo pone de manifiesto el que no se actualiza el supuesto delito, entre otros motivos. “No se plantea en la acusación siquiera, siendo ello ineludible, qué delito subyace al de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto es, para que dicho delito se actualice, debe imperiosamente acreditarse con certeza o cuando menos mediante indicios fundados, el que los recursos tienen su origen en la comisión de otro delito.
En el caso concreto no se intenta siquiera probar lo anterior, siendo ello un desatino jurídico imperdonable que permite concluir en que, en el caso concreto, NO se cometió el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, argumentó la defensa.
Finalmente, el cuerpo de abogados acusó al actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, de violar sistemáticamente el debido proceso al inmiscuirse en el asunto penal, a pesar de que la Fiscalía de ese estado es autónoma a la figura del Mandatario, además de que se mantienen en la postura de que las acusaciones del fuero común son pobres y también buscarán enfrentarlas.
