Ciudad de México.- Aunque por mayoría la Asamblea Constituyente aprobó que el servicio del agua no se privatizará, la redacción de ese precepto constitucional generó suspicacias y sospecha, particularmente entre legisladores de Morena, para quienes quedó abierta la puerta a la privatización del vital líquido en la capital del país.
Este viernes, con 82 votos en pro, dos en contra y cuatro abstenciones, los diputados incluyeron en la futura Constitución local que el servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje será prestado por el gobierno de la ciudad a través de un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, el cual coordinará las acciones de las instituciones locales con perspectiva metropolitana y visión de cuenca. Este servicio no podrá ser privatizado.
Cabildeo de Aguirre
Durante la semana pasada, Ramón Aguirre, titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se reunió con legisladores constituyentes del PRI, PRD y Morena, para cabildear una propuesta de redacción dentro del apartado B, numeral 4 del artículo 21 de la Constitución, por la que buscaba otorgarle mayores atribuciones al futuro organismo público que prestará el servicio de agua en la Ciudad.
En los encuentros con los diputados, Aguirre buscaba que en la nueva Constitución quedara plasmado que los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento se prestarán por medio de un organismo público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica, operativa y de gestión.
Al otorgarse personalidad jurídica y patrimonio propio, ese organismo público tendría un régimen descentralizado del gobierno de la ciudad, lo que permitiría mayor capacidad de gestión para la compra y adjudicación de equipos que mejoren la eficiencia del servicio de abasto en la capital del país.
En el proyecto original del Jefe de Gobierno, el mandatario planteó que el servicio público de abasto de agua y su saneamiento sería prestado por el gobierno de la ciudad a través de un ente público, con autonomía técnica y de gestión, que coordinaría las acciones de las instituciones locales con perspectiva metropolitana y visión de cuenca hidrográfica.
La redacción final
Como resultado del debate en la Comisión de Desarrollo Sostenible de la Asamblea Constituyente, donde se construyó el dictamen del artículo 21, ese numeral 4 se modificó, al añadirse que el organismo público prestaría el servicio de agua en concurrencia con las alcaldías, y se le incluyó la última frase, en la cual se precisó que este servicio no podrá ser privatizado.
Este viernes, luego de que el tema se trató de nuevo en la Comisión de Desarrollo Sostenible y en la Mesa de Consulta, está última una instancia donde participan los coordinadores de todas las bancadas, se agregó al dictamen que el organismo público se encargará no sólo de prestar el abasto de agua en la ciudad, sino también de su potabilización, distribución y drenaje. Se eliminó la palabra saneamiento.
De lo más importante que se incluyó en la nueva redacción es que dicho organismo tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio, justo lo que buscaba el titular del Sistema de Aguas, Ramón Aguirre.
En esa redacción estuvieron de acuerdo todas las bancadas de la Asamblea Constituyente, incluso la mayoría de los diputados de Morena, menos Jaime Cárdenas e Irma Sandoval, quienes votaron en contra.
Los argumentos de Morena
Inicialmente y luego de la visita de Ramón Aguirre a la Asamblea Constituyente, los diputados de Morena emprendieron una campaña de protesta contra lo que calificaban como un intento del funcionario y de legisladores de otros partidos para privatizar el servicio de agua en la Ciudad de México.
Alegaban que, al otorgarle personalidad jurídica y patrimonio propio, el nuevo organismo gestor del agua tendría facultades para concesionar partes del proceso operativo de potabilización, distribución, abasto, saneamiento, drenaje y tratamiento del líquido.
Este viernes, durante el debate del numeral 4, apartado B, del artículo 21, el legislador de Morena, Jaime Cárdenas dijo que habría sido importante incluir la palabra saneamiento, para prohibir la privatización de esa fase operativa.
Dijo que el saneamiento se relaciona con la recolección, disposición, tratamiento y reutilización del agua. Expuso que el negocio privado del futuro será el del tratamiento del agua y tampoco debe ser privatizado.
Criticó el discurso que minutos antes había pronunciado a favor el diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien ejemplificó la figura de un organismo público descentralizado con el caso de Pemex, una paraestatal que después de la reforma energética se convirtió en empresa productiva del Estado.
“Ya saben la historia que ocurrió con Pemex, no queremos un Pemex y no queremos un organismo público descentralizado porque implica contratos de servicios múltiples y una gran diversidad de contratos, pero si se dijera que no habrá contratos ni concesiones y se incluyera el derecho humano al saneamiento en esta norma yo estaría totalmente de acuerdo”, expuso Cárdenas.
Agregó que en la redacción del numeral 4 no se prohíben los contratos ni las concesiones y se crea un organismo público que no tiene componente ciudadano, lo que es abrir la puerta a la privatización de muchos servicios del agua. Acusó que, al otorgarle un estatus descentralizado al nuevo organismo público encargado del abasto del agua, esta naturaleza jurídica puede entrañar ausencia de transparencia y de rendición de cuentas.
Consideró que habrá contratos de servicios múltiples y concesiones, además de que el tratamiento del agua se va a privatizar. “Creo que el señor Slim, en este momento se está frotando las manos, las refresqueras, las empresas cerveceras, que van a tratar el agua y la van a vender en su beneficio”, concluyó Jaime Cárdenas.
Desde 2010, el empresario Carlos Slim participa en el proceso de tratamiento de agua. En ese año, Slim suscribió un convenio con el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón, para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Atotonilco, Hidalgo.
Durante el debate de este viernes en la Asamblea Constituyente, la legisladora Irma Eréndira Sandoval criticó la redacción del último enunciado, el que se establece que el servicio no podrá ser privatizado. Para la legisladora eso un sin sentido, pues consideró que la redacción adecuada debía establecer que no se privatizarán los servicios de abasto, distribución y drenaje, pero no los servicios públicos.
Fustigó que se dejó fuera, de forma por demás sospechosa, el saneamiento del agua, pues ahí se abre la posibilidad al lucro y al uso industrial del elemento.
La división
La división al interior de Morena en torno al tema quedó en evidencia cuando subió a tribuna el coordinador de esa bancada, Bernardo Bátiz, quien consideró que el acuerdo alcanzado en el tema del agua será un logro histórico, porque expresamente queda prohibida la privatización del agua.
Al considerar que este es un posicionamiento de avanzada, dijo que no se debe permitir por consideraciones temerosas y timoratas, poner en tela de juicio lo que se ha logrado. Lamentó que la objeción principal hacia el organismo público encargado del servicio del agua es que tendrá personalidad jurídica y patrimonio propios.
“Estábamos nosotros en desacuerdo en esa parte, no porque en esencia eso sea indebido o malo, puede ser positivo, pero también reconocemos que puede ser el resquicio por el cual los privatizadores que sueñan en la privatización, los que van con esta idea globalizada, puede ser el resquicio que por ahí se metan, pero si estamos consiguiendo la declaración tajante y expresa de que se prohíbe la privatización no tenemos que tener temor. Aquí está el pueblo, está el Congreso y la opinión pública. No hay que tener miedo a los avances por un peligro imaginario hacia el futuro” dijo Bernardo Bátiz.
