Ciudad de México.- La Asamblea Constituyente se prepara para iniciar en el Pleno la discusión de cada uno de los artículos que integrarán la Constitución de la Ciudad.
Durante esta semana, la Conferencia de Armonización del órgano legislativo trabajará en la sistematización de los dictámenes que generaron sus ocho comisiones legislativas y verificará que lo aprobado por los diputados en esos grupos de trabajo no se contraponga con la redacción de otro artículo ni con la Constitución federal.
Una vez armonizados los ocho dictámenes, comenzarán las sesiones del Pleno, lo que podría iniciar a finales de esta semana o a partir del 19 de diciembre, toda vez que la Conferencia de Armonización, presidida por Porfirio Muñoz Ledo, tiene un plazo de ocho días naturales para hacer el trabajo de sistematización de los documentos, el cual se vence el próximo domingo.
El desarrollo de la Ciudad
El apartado de artículos relacionados con el desarrollo de la Ciudad va del 20 al 25. Su dictaminación fue competencia de la Comisión de Desarrollo Sostenible; ahí se habla, por ejemplo, de usos de suelo, medio ambiente, gestión del agua y desarrollo rural.
Sobre los cambios de uso de suelo, el dictamen hace una importante adición de texto, frente a lo que inicialmente propuso Miguel Ángel Mancera en su iniciativa. Así, se señala que las consultas a los ciudadanos respecto a modificaciones en los usos de suelo serán vinculantes, además de que se regirán bajo los principios de transparencia y máxima publicidad.
El tema de los usos de suelo viene incluido en el numeral 6, inciso C del artículo 21, donde se explica que el gobierno de la ciudad regulará los cambios de uso de suelo, con la participación que corresponda al Congreso en los casos de alto impacto.
Además, la ley definirá los procedimientos para las modificaciones a los usos de suelo solicitados por un particular, dependencia u órgano de la administración pública local o federal ante el gobierno de la ciudad. En todos los casos se integrará un expediente para dictamen del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, con la opinión de las alcaldías.
Los principios de transparencia y máxima publicidad regirán los cambios de uso del suelo. La autoridad está obligada a informar oportunamente a la comunidad afectable sobre las solicitudes turnadas ante el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva para su dictamen, así como los estudios establecidos en la legislación correspondiente.
El proceso de transparencia en el cambio de uso de suelo incluye el informe que rinda el registro público de la propiedad respecto de la inscripción de los bienes amparados. Las consultas tendrán carácter vinculante según lo establecido en esta Constitución. En todo caso se privilegiará el interés público.
El polémico numeral 7 de este inciso, que establecía el cobro de plusvalías, fue eliminado por completo.
De entre los cambios que incluye el dictamen, respecto al texto que les envió el Jefe de Gobierno, destaca que el Programa General de Ordenamiento Territorial tendrá una vigencia de quince años, cuando la propuesta original era de sólo seis años, además de que deberá evaluarse y actualizarse por parte del Congreso local cada cinco o cuando ocurran cambios significativos en las condiciones que le dieron origen.
También se agrega que los programas de ordenamiento territorial de las Alcaldías serán formulados exclusivamente por estas, pues inicialmente se planteaba que en su elaboración también intervendría el jefe de Gobierno.
El organismo que se encargará de elaborar, tanto el Plan General de Desarrollo como el Programa General de Ordenamiento Territorial, se denominará Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. Su director será designado de entre una terna que emita un comité de selección y no a propuesta del Jefe de Gobierno, como se había señalado en un inicio.
Se adiciona que en dicho Instituto existirá un Consejo Consultivo, el cual fungirá como un órgano de consulta obligatoria y diálogo público, con carácter consultivo y propositivo en materia económica, social, cultural, territorial, ambiental y las demás relacionadas con la planeación para el desarrollo y la ordenación territorial. Verificará el cumplimiento progresivo de los derechos.
Dicho Consejo tendrá el número de integrantes determinado por la ley, para asegurar la participación y representación igualitaria de los sectores público, social, privado y académico.
De entre los temas más importantes y polémicos que contiene este dictamen destaca el tema de los usos de suelo, definido en el artículo 21, donde se señala que la Constitución local reconoce la función social del suelo y de la propiedad pública, privada y social, en los términos del Artículo 27 de la Constitución federal. Al agregarse la referencia a la Carta Magna queda cubierta la defensa y el derecho a la propiedad privada, un rubro que a decir de los detractores del documento se vulneraba en la propuesta del Jefe de Gobierno.
Lo anterior se compagina con lo señalado en el inciso E del mismo artículo, relacionado con la vivienda, en donde se subraya que la Constitución local reconoce la producción social y privada de vivienda.
Expropiación y extinción de dominio
A diferencia de la propuesta de Mancera, el dictamen y particularmente en el rubro de vivienda, se incluye la posibilidad de que el gobierno de la ciudad expropie viviendas abandonadas o en extrema degradación, para edificar ahí vivienda de interés social.
Esta posibilidad viene incluida en el artículo 21, Inciso E, numeral 2, en donde se argumenta que es de interés público la promoción, recuperación y reciclaje de inmuebles en riesgo estructural, físico y social, en abandono o en extrema degradación para el desarrollo de vivienda, preferentemente de interés social, y para lo cual podrán recurrir a la expropiación y la extinción de dominio en los términos que marque la ley.
Además, se plantea que el gobierno de la ciudad establecerá programas que cubran al conjunto de sectores sociales que enfrentan carencias habitacionales, favoreciendo a las personas en situación de pobreza y a los grupos de atención prioritaria, sin condicionamiento político.
El dictamen mantiene integro el numeral 3 del inciso C del artículo 21, el cual establece que el gobierno de la ciudad evitará la expansión sobre áreas de conservación y de patrimonio natural, pero fomentará el mejoramiento y la producción de viviendas adicionales en predios familiares ubicados en pueblos, barrios y colonias populares, en apoyo a la densificación, la consolidación urbana y el respeto al derecho de las personas a permanecer en los lugares donde han habitado.
Medio ambiente
En materia ambiental y a diferencia de la propuesta de Miguel Ángel Mancera, en el dictamen se crea un sistema de áreas naturales protegidas. Su administración, vigilancia y manejo será responsabilidad directa del Jefe de Gobierno y comprenderá el Desierto de los Leones, el Parque Nacional Cumbres del Ajusco, el Parque Ecológico de la Ciudad de México del Ajusco Medio, los Dinamos de Contreras, el Cerro de la Estrella, la Sierra de Santa Catarina, la Sierra de Guadalupe y las zonas lacustres de Xochimilco y Tláhuac, el Parque Nacional de Fuentes Brotantes, los parques estratégicos de Chapultepec en sus tres secciones, el Bosque de Tlalpan y el Bosque de Aragón, así como las áreas de valor ambiental decretadas y que se decreten. Estas áreas serán de acceso público.
Además, se subrayan tareas y competencias en materia de manejo de residuos sólidos, el uso de combustibles que generen bajas emisiones de contaminantes a la atmósfera, así como el tratamiento de aguas residuales.
Sobre la gestión del agua, el dictamen en su artículo 21, inciso B, detalla que el servicio público de abasto de agua y su saneamiento será prestado por el gobierno de la ciudad a través de un organismo público, con autonomía técnica y de gestión, en concurrencia con las alcaldías, coordinará las acciones de las instituciones locales con perspectiva metropolitana y visión de cuenca. Este servicio no podrá ser privatizado.
Eliminan prohibición sobre transgénicos
En el dictamen que generó la Comisión de Desarrollo Sostenible destaca que en relación al desarrollo rural se elimina la propuesta del Jefe de Gobierno que consideraba la prohibición en el uso agrícola de productos transgénicos.
La propuesta del mandatario señalaba: “Se impedirá el uso de todo producto genéticamente modificado que cause daño a los ecosistemas, a la salud y a la sociedad; se favorecerá el desarrollo de la agricultura orgánica”.
El nuevo texto expone: “En el aprovechamiento productivo se fomentará el desarrollo de la agroecología, se protegerá la diversidad biológica, principalmente del maíz y las especies características de los sistemas rurales locales y se estimulará la seguridad alimentaria. Se aplicará el principio precautorio a las actividades y productos que causen daño a los ecosistemas, a la salud y a la sociedad”.
Impuestos, contribuciones y fondo de alcaldías
En el caso de la Comisión de Principios Generales, el dictamen confirma que desaparece el numeral 8 del artículo 26, que originalmente planteaba el cobro de un gravamen la generación de plusvalías derivadas de la infraestructura urbana por el uso de suelo.
Sin embargo, en el numeral 7 del mismo artículo 26 -que también fue modificado- se establece que la Ciudad de México podrá establecer contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles y las derivadas de la prestación de servicios públicos a su cargo, así como lo que dispone la fracción V del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En la última de ese numeral se incorporó el planteamiento que la semana pasada hizo el Jefe de Gobierno, de agregar lo que señala lo que dice la Constitución federal en su artículo 122 sobre la facultad de cobro de impuestos, en sustitución del concepto de plusvalías.
El dictamen de principios generales también contiene la adición que, poco antes de concluir la sesión de comisión, fue aprobado, para garantizar que las alcaldías cuenten con un fondo anual que en su primer año de asignación rondará los 2 mil 700 millones de pesos, el cual estará etiquetado exclusivamente para obras de infraestructura, servicios y equipamiento.
También quedó definido que, del presupuesto que el Congreso local les autorice cada año a las futuras alcaldías, cada una deberá destinar “al menos” 22 por ciento a proyectos de inversión en infraestructura, equipamiento urbano y servicios públicos en todas las colonias, pueblos, barrios originarios y comunidades de la demarcación territorial. Al incluirse la frase “al menos”, queda abierta la posibilidad de que el recurso sea menor a ese porcentaje.
Contrario al proyecto del Jefe de Gobierno, el dictamen de la Comisión de Principios elimina del artículo 73 el numeral 5, el cual señalaba que un estatuto de capitalidad regiría las relaciones de colaboración, cooperación y coordinación entre los poderes locales y federales, al argumentarse que ese estatuto será parte del contenido de la ley que en su momento deberá expedir el Congreso de la Unión para regir las relaciones entre ambos niveles y órdenes de gobierno.
En el caso del artículo 76 se hizo una redacción completa del texto original, pues la iniciativa del Jefe de Gobierno señalaba que la Constitución no podría ser alterada por actos de fuerza ni admitir el estado de excepción, incluso si se interrumpía el orden institucional. Además, planteaba que la ciudadanía tendría el derecho a resistirse ante quienes pretendieran negarla arbitrariamente.
El dictamen desaparece el derecho a la resistencia y lo relacionado con el estado de excepción, para establecer que “la Constitución no puede ser alterada por actos de fuerza y mantiene su vigencia incluso si se interrumpe el orden institucional. Sólo puede ser modificada por vía democrática”.
