Ciudad de México.- Cuando en el futuro alguien revise la historia de cómo se construyó la Constitución de la Ciudad de México, este 9 de diciembre debería quedar marcado por la manera tan desbocada como se dio la aprobación de principios, garantías, derechos, conceptos, obligaciones y de todo lo que quedará consagrado en la carta fundacional de la capital del país.
Ha sido un viernes productivo en materia legislativa, pero de locura. Cuatro comisiones sesionaban al mismo tiempo en salones del Palacio de Minería, la de Poder Judicial, la de Principios Generales, la de Ciudadanía y la de Desarrollo Sostenible, lo que llegó a comprometer varias veces y en todas ellas el quórum legal para votar.
Todas tenían la obligación de entregar sus dictámenes a la Mesa Directiva antes de este sábado 10 de diciembre.
Enrique Provencio, presidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible, iba a cada rato a asomarse a los otros salones en busca de los diputados que también son parte de su grupo de trabajo, para llevárselos a hacer quórum.
En Ciudadanía, su presidente, Raúl Bautista, tomó la decisión de discutir los artículos con los legisladores que estaban, acordar una redacción de consenso y luego pedir a sus asesores que fueran a buscar diputados en las otras comisiones para que vinieran a emitir su voto. Lo mismo decidieron en Principios Generales y en Poder Judicial.
A la par de lo que ahí sucedía, en reuniones privadas que se realizaban en la antigua sede del Senado, legisladores de las distintas bancadas trataban de desatorar el enredo en el que se ha convertido la Comisión Carta de Derechos y con ella su predictamen.
A nivel cupular, se tomó la decisión de crear un grupo de trabajo paralelo, pero de carácter informal, al de la Comisión Carta de Derechos; su objetivo es tratar de construir en las siguientes horas los mayores consensos para sacar adelante el más importante de todos los dictámenes que generarán las comisiones dictaminadoras, precisamente el de los derechos fundamentales para los capitalinos.
No es una tarea fácil, pues el predictamen que generó esa Comisión a cargo de la perredista Marcela Lagarde, ha generado tal rechazo de diputados que incluso algunos legisladores del PRD se oponen. En esa comisión paralela trabajaban este viernes y lo harán durante las siguientes horas, los diputados Santiago Creel, Dolores Padierna, Alejandro Encinas, Gabriela Rodríguez, Carlos Gelista y Beatriz Pagés.
La oposición que ha generado el dictamen sería un tema que podría resolverse con tiempo, pero justo eso es lo que no hay. La Comisión Carta de Derechos ha convocado a sesión este sábado a las 20:00 horas y, por reglamento, tiene hasta las 23:59 horas para aprobar un documento de 900 cuartillas que contiene la columna vertebral y los temas más polémicos de la futura Constitución local.
Con cuatro horas para discutir y aprobar en lo general y en lo particular el dictamen, el escenario se ve complicado, por eso algunos legisladores ya comenzaban a construir escenarios, como el perredista Roberto López, quien decía que si el reglamento de la Asamblea Constituyente no logra resolver una complicación de este órgano legislativo, se puede utilizar de manera supletoria el reglamento de la Cámara de Diputados.
Para pronto, lo que planteaba Roberto López es recurrir a la socorrida fórmula legislativa de detener el reloj parlamentario, es decir, que mientras en el resto de la Ciudad sería ya domingo 11 de diciembre, en el salón del Palacio de Minería donde sesionará la Comisión Carta de Derechos seguiría siendo sábado 10 de diciembre y por el tiempo que se requiera.
Dolores Padierna, coordinadora de los diputados constituyente del PRD, consideraba que en Carta de Derechos ya está todo dicho, por lo que “sólo es cosas de llegar y revisar quién vota a favor y quién vota en contra”.
La legisladora calificaba a esta como la comisión “madre” y, agregó, lo que pudiera pasar con un grupo legislativo tan importante en caso de extenderse es pedirle permiso al Pleno de la Constituyente para que le dé más tiempo a Carta de Derechos. Explicaba que si los diputados de esa comisión se instalan en sesión permanente, la reunión podría realizarse “hasta morir”.
“Yo diría que debe de haber capacidad de todos los compañeros y compañeras, dado que fueron temas reiterados, publicitados, ya deben de tener acuerdos y deben de votar, en cuatro horas da tiempo”, consideraba Padierna.
Renta básica, plebiscito, referéndum, revocación del mandato…
De todo hubo hoy en esta desenfrenada jornada legislativa en las comisiones de la Constituyente. En Poder Judicial, en Principios Generales y Desarrollo Sostenible lograron a media tarde terminar sus trabajos. Habemus dictamen, decían bromistas los diputados por los pasillos de Minería.
No faltaron los aplausos ni la foto del recuerdo. El debate estuvo presente, porque se tocaron temas ríspidos, como la creación de un nuevo programa social a través del cual se entregará una aportación económica mensual a los capitalinos. La asignación de ese recurso será progresiva e iniciará con la población en condición de mayor pobreza. Se llama Renta Básica Universal.
El PRD, Morena y los designados del Jefe de Gobierno aplicaron su mayoría para imponerse al PRI, a Nueva Alianza y a los designados del Ejecutivo. Lograron en la Comisión de Desarrollo Sostenible, con 8 votos a favor y 4 en contra que en el artículo 22 del dictamen quede establecido el “ingreso básico universal, como el instrumento para asegurar el acceso a un mínimo vital que permita a los grupos en situación de pobreza y de vulnerabilidad social, una seguridad económica básica y su mayor autonomía”.
En la Comisión de Ciudadanía, que hasta el cierre de esta edición se encontraba todavía sesionando, se lograron acuerdos importantes, como establecer que el caso del referéndum, no aplicará en materia penal, fiscal y tributaria.
Los legisladores también acordaron que la integración del futuro Congreso local, el cual sustituirá a la Asamblea Legislativa del DF (ALDF), se integrará con 66 diputados, 33 de ellos plurinominales y 33 designados por el voto de los ciudadanos.
Para solicitar un plebiscito, lo podrán hacer un 0.2% de los capitalinos inscritos en la lista nominal de electores de la Ciudad, así como una tercera parte de los legisladores locales y 10% de los comités o asambleas vecinales.
La consulta ciudadana podrá solicitarse por un 2% de los habitantes de una demarcación, barrio o colonia en donde vaya a tener impacto una acción de gobierno. Se mantiene la figura de consulta popular, al igual que la revocación del mandato.
La revocación del mandato, por ejemplo del Jefe de Gobierno, procederá cuando se cumplan dos hipótesis, es decir, cuando en ella participen un 40% de las personas inscritas en el padrón electoral de la Ciudad, y si de ese porcentaje, un 60% vota por quitar al mandatario de su cargo. Es decir, se necesitarían alrededor de 1.8 millones de votos para sacar al gobernante en turno.
Si una persona quiere ser candidato a un cargo de elección popular, pero hacerlo de forma independiente, necesitará del apoyo de 1% de los electores de la Ciudad para inscribir su candidatura, es decir, alrededor de 700 mil firmas de respaldo.
Fondo por 2 mil 700 mdp
La Comisión de Principios Generales de la Asamblea Constituyente fue de las más aplicadas este viernes. Durante la discusión se realizaron modificaciones importantes al documento, como la eliminación definitiva de todo lo que relacionaba con el cobro de plusvalías en predios privados.
Además, se estableció que las futuras alcaldías contarán, desde su nacimiento, con un fondo de recursos proveniente del 2% de los ingresos distribuibles del gobierno local, que deberá destinarse a infraestructura, equipamiento y servicios, por un monto de aproximadamente 2 mil 700 millones de pesos. El fondo del que gozarán las alcaldías no será condicionable por el gobierno local.
Ese recurso representará un incremento en el presupuesto de las alcaldías, respecto a lo que hoy tienen las delegaciones, de cerca del 9 por ciento. La creación de ese fondo fue una propuesta del legislador del PAN, Ernesto Cordero, que se adiciona en el artículo 26 del dictamen.
Como parte de las adiciones al artículo 26 se incorporó una propuesta de la diputada de Morena, Elvira Daniel Kabbaz, en la cual se establece que las alcaldías tendrán que incrementar gradualmente durante 4 años el monto de recursos destinados a infraestructura, para pasar de un 16% inicial hasta un 22% en total.
El incremento gradual de los recursos será de 16 por ciento el primer año, 18 por ciento el segundo, 20 por ciento el tercero y hasta 22 por ciento el cuarto año, para destinarlo a infraestructura
Este es un avance muy importante que permitirá a las alcaldías contar con recursos para infraestructura que prácticamente se duplicarán. Actualmente las delegaciones destinan un promedio de 10 por ciento de su presupuesto a gasto de inversión; el 90 por ciento restante se va a gastos cono el pago de burocracia.
El monto de 2% de los ingresos distribuibles del gobierno de la ciudad de México para las alcaldías surgen de una fórmula en la que se toma el presupuesto total de la capital y se le resta el recurso que se destina tanto a los órganos autónomos como al pago de la deuda. Del resultado se calcula el 2 por ciento para generar ese recurso.
A través de su cuenta de Twitter, la constituyente y periodista Katia D´Artigues, daba cuenta de cómo se negoció entre el PRI, PAN y Morena para lograr ese fondo de 2 por ciento planteado por Cordero.
“Sobre este 2% obligatorio hay un “acuerdo de caballeros” entre Morena, PAN-PRI, de que están de acuerdo siempre y cuando se apruebe también un artículo transitorio de Elvira Daniel Kabbaz, de que esto tendrá una aplicación gradual”, escribió D´Artigues.
“Qué interesante que de pronto, con una reserva que nadie anunció se decida de pronto algo tan importante, y entonces así, tras un receso, votamos está reserva de Cordero, acordada con el PRI”, agregaba la periodista.
Como parte de la integración del dictamen, se dio la estocada final a la propuesta que venía en la iniciativa del Jefe de Gobierno, de cobrar la plusvalía a la propiedad privada que derivara de las inversiones públicas en infraestructura y mejora de los servicios públicos.
La propuesta del mandatario venía incluida en el numeral 8 del artículo 26, sin embargo, el párrafo no fue incorporado en el dictamen final.
Al hablar de esto, Dolores Padierna revelaba que en los días previos, sostuvo reuniones con el secretario de Finanzas de la Ciudad, Edgar Amador “para ver aquí si de verdad era una duplicidad de un impuesto; entonces, yo conversé con el secretario de Finanzas”, agregó.
Dijo que en esa charla con el funcionario se analizó si el concepto de plusvalía podría denominarse de otra manera, pues otras veces se le ha llamado transferencia de potencialidad. “Bueno, a lo mejor se le llama así, transferencia de potencialidad, se le quiere llamar también derecho a la edificación o cualquier otro nombre, pero eso ya lo dirá el legislador local”, agregó la perredista.
Un Consejo Judicial Ciudadano
La Comisión de Poder Judicial respaldó la iniciativa del proyecto del Jefe de Gobierno, sobre la creación del Consejo Judicial Ciudadano.
El Consejo estará integrado por 11 personas, siete de las cuales serán profesionales del derecho que deberán gozar de buena reputación y haberse distinguido por su honorabilidad e independencia. No deberán tener conflictos de interés ni militancia partidista y tampoco deberán haber participado como candidatos por lo menos cuatro años antes de su designación.
Los consejeros estarán en el cargo cuatro años –tendrá carácter honorífico– y serán designados mediante convocatoria pública abierta y a propuesta de organizaciones académicas, civiles y sociales. Deberán contar con el respaldo de dos terceras partes del Congreso local, para su ratificación.
El Consejo tendrá como atribuciones designar a consejeros de la Judicatura; proponer a la Legislatura una terna de la cual surgirá el titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y al fiscal electoral, así como al responsable del combate a la corrupción.
También formulará recomendaciones sobre el informe que rinda el titular de la Fiscalía ante comisiones del Congreso; llevará a cabo acciones de coadyuvancia y vigilancia para la protección y salvaguarda de los derechos humanos, y las demás que le encomiende el Legislativo.
El sistema penal acusatorio será oral. Los constituyentes acordaron que la prisión preventiva se utilizará sólo como medida extrema ante delitos que merezcan la pena privativa y se privilegiará el uso de tecnologías para la ubicación y seguimiento de las personas sujetas a proceso penal.
