Ciudad de México.- La plusvalía, ese villano favorito que marcó la agenda de los últimos días en la Asamblea Constituyente, se perfila para quedar como una mera anécdota del ensayo y error que ha significado la conformación, sin precedentes, de la carta fundacional de la capital del país.
Cada grupo parlamentario en este órgano legislativo interpreta, según su óptica e intereses, el reversazo que dio esta tarde el Jefe de Gobierno al eventual cobro de un gravamen que, aunque él dijera que no, sí venía incluido en su iniciativa de Constitución presentada el pasado 15 de septiembre a la Asamblea Constituyente.
Hoy, luego de reunirse con diputados constituyentes del PRD y con Alejandro Encinas, presidente de la Mesa Directiva de la Constituyente, Miguel Ángel Mancera dijo que para evitar confusiones sobre el espíritu y finalidad del artículo 21, inciso C, numeral 7, solicitaba insertar lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción V de la Constitución federal.
El dichoso artículo 21 señala que los incrementos en el valor del suelo derivado del proceso de urbanización se considerarán parte de la riqueza de la ciudad. Lo que el mandatario pidió a los constituyentes es que se incluya lo señalado en el artículo 122 de la Carta Magna federal, en el cual se establece que las leyes federales no limitarán la facultad de la Ciudad de México para establecer las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles y las derivadas de la prestación de servicios públicos a su cargo, ni concederán exenciones en relación con las mismas.
“Con lo anterior queda claro que en ningún momento, con la redacción del referido artículo 21, se pretende crear o cobrar un nuevo impuesto o gravamen en la Ciudad”, argumentó Mancera luego de la reunión con los diputados constituyentes.
Un párrafo de la iniciativa de Mancera que ya se eliminó, pues no viene considerado en el proyecto de dictamen de la Comisión de Principios Generales, sí planteaba el cobro de plusvalías. El artículo 26 numeral 8 de la iniciativa del mandatario proponía: “Serán objetos de gravamen el aprovechamiento inmobiliario y la generación de plusvalías derivadas de la infraestructura urbana por el uso del suelo, del espacio público y edificable”.
A toro pasado y luego de las declaraciones de Mancera, el legislador del PAN, Ernesto Cordero, consideró que el cambio de opinión del Jefe de Gobierno confirma que la iniciativa era confiscatoria y no protegía el patrimonio de las familias ni la propiedad privada. Agregó que lo plasmado en la Constitución federal, particularmente lo referido al artículo 122, obliga a cualquiera a apegarse a lo que señala la Carta Magna, nos guste o no.
Mayela Delgadillo, de Morena, acusó que el gobierno de la Ciudad, en la propuesta inicial del Jefe de Gobierno, actuó como siempre, al tratar primero de imponer y luego preguntar. Consideró que a la administración de Mancera le faltó explicar y consensar la redacción de su propuesta, por lo que las consecuencias son el anuncio del mandatario y el costo político para éste. Advirtió que su bancada votaría en contra, incluso de la integración del artículo 122 constitucional, pues dijo que el debate de incorporar ese precepto ya se dio en comisiones y no hubo consenso en torno al mismo.
Llega el documento de Mancera
Mientras se encontraba reunida la Comisión de Desarrollo Sostenible de la Constituyente, donde se debatirá el artículo 21, de la oficina del presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea les llegó el documento con la propuesta de Mancera para incorporar el artículo 122 de la Constitución federal.
Aarón Mastache, hombre cercano a Alejandro Encinas, entregó en propia mano el documento al presidente de la Comisión de Desarrollo, Enrique Provencio. Mastache, quien aceptó haber irrumpido en los trabajos legislativos, diría que el documento del mandatario incluyó precisiones y alcances a la iniciativa.
Para Claudia Pastor, constituyente designada por el titular del Ejecutivo federal, la vuelta de timón de Miguel Ángel Mancera demuestra que el Jefe de Gobierno ha sido sensible a un tema polémico y expuso que las “precisiones y alcances” serán parte de la discusión que se dará en la Comisión de Desarrollo Sostenible. Sin conceder nada aún, Pastor dijo: “Citar la Constitución federal en el proyecto local no es adicionar nada, la reforma al artículo 122, si lo citamos o no, no tiene un cambio sustantivo, pues al final dejaría el tema a otro momento de discusión”, dijo la legisladora.
La que defendió a detalle la redacción inicial de la propuesta de Mancera fue la diputada del PRD, Cecilia Soto, quien dijo que el pasado 28 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano, en la cual se señala que las entidades podrán modificar la ley local en la materia, así como realizar la recuperación de las inversiones públicas y del incremento del valor de la propiedad inmobiliaria.
“¿De dónde salió la idea? De la ley. Estuvo mal redactada y eso causó que la gente protestara contra un molino de viento, algo que nunca existió, nunca se planteó quitar la plusvalía a las personas por su propiedad, lo que se planteó es que las inmobiliarias que intervienen de manera masiva paguen lo suficiente para compensar los impactos que causan, de tal manera que se genera un instrumento de planeación y más recursos para la ciudad”, expuso Soto.
Agregó que junto con René Cervera, constituyente del Movimiento Ciudadano, presentó una reserva al predictamen de Desarrollo Sostenible, en la cual plantea eliminar por completo el numeral 7 del polémico artículo 21.
El presidente de la Comisión de Desarrollo, Enrique Provencio, calificó de “aclaración” el documento que recibió del Jefe de Gobierno y recordó que durante noviembre ese grupo legislativo discutió lo que hoy plantea Mancera.
“Nosotros continuaremos discutiendo el proyecto de dictamen que tenemos porque en los párrafos a los que se refiere el Jefe de Gobierno, tenemos diferentes opciones para dictaminar; ya hemos considerado lo que dice la Ley de Asentamientos Humanos y lo que dice el artículo 122, y en ese sentido, cuando debatamos, tomaremos en cuenta estas opiniones”, expuso Provencio, quien remató que con la propuesta original no se pretendía atentar contra la propiedad.
Avanza el dictamen
Hoy, por obvias razones, los ojos de muchos estaban puestos en la comisión que encabeza Enrique Provencio. Una sala llena de asesores, medios de comunicación y personas que jamás se habían aparecido por aquí se mantenían atentos al debate de la niña mala del cuento: la plusvalía.
Pero ese debate nunca llegó. Los legisladores se tomaron con calma la deliberación y en orden de prelación empezaron con el debate del artículo 20, relacionado con la planeación del desarrollo y la conformación del Instituto de Planeación Democrática de esta ciudad, un nuevo ente de la administración pública de la ciudad que se encargará de diseñar el Plan de Desarrollo Urbano y el Programa General de Ordenamiento Territorial.
Con todo y la atípica alianza que hicieron diputados de Morena y el PVEM, para buscar que ese Instituto se convirtiera en órgano constitucional autónomo, la propuesta no prosperó.
Lo que sí avanzó fue una iniciativa del diputado de Nueva Alianza, Gabriel Quadri, en la cual queda establecido que el Programa General de Ordenamiento Territorial será obligatorio, no sólo para las autoridades, sino también para los particulares, la “colectividad” y todo sujeto de derecho público.
Al incluir la palabra “colectividad”, Quadri buscó que todas las personas, sin importar su pertenecían a un grupo social, como los indígenas, deban sujetarse a ese programa. Al de Nueva Alianza le preocupaba que existieran grupos de excepción o “reservas indias”, como él mismo lo dijo, que no estén obligadas a cumplir con el marco jurídico local.
Dio lectura al proyecto de Constitución en su artículo 65, en el cual se plantea que los pueblos y comunidades indígenas y barrios originarios tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar, controlar y gestionar las tierras, territorios y recursos existentes en sus tierras que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma, lo que para Quadri otorga soberanía a esos habitantes sobre el suelo y sus recursos, pero debe compensarse con otro artículo constitucional.
El esperado debate sobre el artículo 21 tendrá que esperar para este miércoles, pues se decretó un receso en la Comisión de Desarrollo.
Paso a pasito
La Comisión de Ciudadanía de la Asamblea Constituyente aprobó esta noche en lo general el dictamen respectivo, que contempla derechos como el voto a los 16 años y figuras de democracia directa, entre las que se encuentran el plebiscito, referéndum, iniciativa ciudadana y consulta popular.
La aprobación se registró con 17 votos a favor, un voto en contra del legislador de Morena, Jaime Cárdenas, así como un voto indefinido de la diputada de ese mismo partido, Consuelo Sánchez, quien se negó a definir el sentido de su voto, es decir, si iba a favor, en contra o abstención. Con todas las miradas puestas en ella, dijo que se le hacía absurdo que su voto se restringiera de esa manera. Expuso que, en todo caso, tenía que definirse como un no voto.
La sesión de la Comisión de Ciudadanía y la aprobación en lo general del dictamen se logró un día después de que los legisladores acusaran que el documento no incluía asuntos en los que ya se habían logrado consensos. La reunión se tuvo que posponer por 24 horas para modificar el proyecto.
Predictamen y convocatoria para pueblos
Otra comisión que también, y por fin, avanzó es la de Pueblos y Barrios Originarios. Su presidente, Mardonio Carballo, encabezará este miércoles una conferencia de prensa con Alejandro Encinas, así como con Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno de la Ciudad, y consejeros del Instituto Electoral, para dar a conocer la convocatoria a los pueblos y comunidades indígenas residentes de esta ciudad, para que participen en la consulta relacionada con el dictamen de los artículos del proyecto de Constitución local que se refieren a sus derechos.
La campaña de difusión de esa consulta se realizará del 8 de diciembre al 6 de enero; la fase informativa será del 13 de diciembre al 8 de enero; la etapa deliberativa de las asambleas de los pobladores será entre el 9 y el 15 de enero y la recepción de las actas que resulten de esa consulta se llevará a cabo entre el 1º y el 16 de enero.
Se tiene contemplado que el 20 de enero la Comisión de Pueblos y Barrios entregue al Pleno de la Asamblea Constituyente los resultados de dicha consulta, para su ratificación, pues los mismos son vinculantes, es decir, de carácter obligatorio para los diputados.
Además, la Comisión de Pueblos entregó a la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente el proyecto de dictamen relativos a los artículos 63, 64 y 65 de Proyecto de Constitución.
La diputada Nelly Juárez, del PRD, destacó que en la elaboración del predictamen participaron todos los diputados, así como especialistas en la materia, que fueron convocados con el propósito de elaborar un documento capaz de garantizar la protección de los derechos de los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas residentes en la capital del país.
Una comisión que no da luz
Donde no hay luz sobre el trabajo que realizan es en la Comisión Carta de Derechos que a estas alturas es la única que no ha generado su proyecto de dictamen. Diputados del PAN y del PRD reconocían que se encuentran “atorados” en la construcción del documento.
Ese grupo legislativo, encabezado por la constituyente del PRD, Marcela Lagarde, tiene el tiempo encima, pues debe generar su predictamen a más tardar este miércoles, pues por reglamento debe circularlo entre los integrantes de esa comisión 72 horas antes de convocar a sesión de dictaminación.
Si mañana emite se emite el predictamen, las 72 horas se cumplen el sábado 10 de diciembre. Ese día también se vence el plazo para que todas las comisiones tengan listo su dictamen. El reloj corre.
