Ciudad de México.- Hoy la oficina de prensa del presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas, informó que la sesión del Pleno programada para este miércoles 30 de noviembre se suspendía hasta nuevo aviso.
El hecho que se haya cancelado la sesión ordinaria, no es menor, pues revela diversos hechos que ocurren en ese órgano legislativo.
Una de las razones más evidentes es que no hay materia de discusión; no hay nada de qué hablar en el Pleno, con todo y que el propio Alejandro Encinas le apostaba a que este miércoles se podrían discutir ya los primeros artículos del proyecto de Constitución remitidos a modo de dictamen por las comisiones legislativas.
Lo cierto es que ninguna de las ocho comisiones tuvo listos sus dictámenes como para que llegaran a tiempo al Pleno.
Hoy martes, la Comisión que ya logró concluir su primera parte de la tarea fue la de Buen Gobierno, Combate a la Corrupción y Régimen de Responsabilidades de los Servidores Públicos que preside el perredista Armando Ríos Piter, pues colocó en la Gaceta Parlamentaria de la Constituyente su predictamen.
El problema es que, de acuerdo con el propio reglamento de la Asamblea, los predictámenes se deben difundir con 72 horas de anticipación, previo a que su discusión y votación inicie en el seno de la Comisión respectiva. Una vez cumplido el requisito del aval en la Comisión, el documento pasará al Pleno.
Cada una de las ocho comisiones legislativas de la Asamblea Constituyente debe generar su dictamen y entregarlo a la Mesa Directiva a más tardar el 10 de diciembre, para que en el Pleno pueda iniciar la discusión artículo por artículo.
La Comisión de Buen Gobierno prevé iniciar la discusión de su predictamen el próximo viernes 2 de diciembre, por lo que el dictamen de ese grupo legislativo llegará al Pleno hasta la próxima semana.
El primero de los predictámenes
El hecho de que el documento no haya estado listo con el tiempo suficiente para que se cumplieran los cálculos de Alejandro Encinas, no le resta méritos al logro de la Comisión de Gobierno, que consiguió tener listo el primero de los ocho predictámenes.
El predictamen de la Comisión de Buen Gobierno detalla una gran cantidad de modificaciones a todos los artículos que son parte de su materia. Los artículos 66 al 73 presentan cambios de fondo respecto a la iniciativa del Jefe de Gobierno.
Así, por ejemplo, en el artículo 71 relacionado con el juicio político, se establece que serán sujetos de ese proceso las personas representantes popularmente electas, las personas que tengan un cargo de magistratura en el Poder Judicial, las personas integrantes del Consejo de la Judicatura de la Ciudad, los titulares de los organismos autónomos, de las Secretarías del gabinete, de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, del Sistema Anticorrupción, así como las personas titulares de los organismos descentralizados y fideicomisos públicos de la ciudad.
A diferencia del proyecto del Jefe de Gobierno se añaden, como sujetos de juicio político, los servidores públicos que hayan sido nombrados o ratificados por el Congreso local.
Además, se agrega que el juicio político dará inicio a solicitud debidamente fundada y motivada de cuando menos el cinco por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores y no procede por la mera expresión de ideas.
Otra diferencia respecto al proyecto de Mancera, es que se establece un procedimiento más específico para realizar ese juicio político. Se subraya que mediante este procedimiento se confirmará o revocará en su encargo a un servidor público, además de que toda solicitud deberá ser dictaminada en un plazo no mayor a treinta días. En su sustanciación se citará a comparecer al acusado a efecto de respetar su garantía de audiencia. Cumplido este requisito, el pleno determinará mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, si ha lugar a separarlo del cargo.
Lo que el proyecto de dictamen no establece y que sí viene en la iniciativa del Jefe de Gobierno es el tiempo en el que podrá realizarse ese juicio. El proyecto del mandatario detalla que el juicio político sólo podrá iniciarse durante el periodo en el que la persona servidora pública desempeñe su cargo o dentro de un año después.
Una modificación destacada del predictamen es que se elimina por completo la redacción del numeral dos del artículo 72, relacionado con el fuero, pues se contraponía con el párrafo previo.
En el primer párrafo de ese artículo, y que se mantiene vigente en el predictamen, se señala que ningún servidor público gozará de fuero o inmunidad, sin embargo, de forma contradictoria, el segundo párrafo -el cual ya desapareció- detallaba que esos mismos servidores públicos no podrían ser privados de su libertad durante el periodo de su encargo, y que los procesos penales en su contra se realizarían sin prisión preventiva para el imputado, lo que en los hechos representaba un fuero.
Esa inconsistencia fue mencionada por el diputado constituyente Porfirio Muñoz Ledo durante una de las reuniones de la Comisión de Buen Gobierno, quien ahí pidió la desaparición de ese texto. En sustitución de ese párrafo se añadió otra redacción, en la cual se establece que los diputados locales son inviolables en sus opiniones.
Además, se agrega un numeral tercero, el cual contempla que el plazo de prescripción de los delitos cometidos por servidores públicos, incluyendo cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias o cualquier otro que implique malversación de recursos o deuda públicos, se interrumpirá cuando el presunto responsable haya eludido la acción de la justicia.
Indemnización a ciudadanos
Se adicionó también una redacción completa para el artículo 73, por lo que se recorren en su numeración todos los artículos subsecuentes.
El nuevo artículo, habla de la responsabilidad patrimonial de la Ciudad de México en casos en los que los actos u omisiones generen un daño en el patrimonio de los capitalinos, y se señala la obligación de los entes públicos involucrados para pagar a los particulares una indemnización conforme a lo que establezca la ley.
“En la determinación de estas responsabilidades se privilegiará la reparación o remediación del daño causado y la adopción de garantías de no repetición. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a lo que establezcan las leyes.
La Ciudad de México y sus entes púbicos promoverán los procedimientos correspondientes contra la persona servidora pública a quien por acción u omisión, dolo, negligencia o mala fe resulte atribuible la responsabilidad a que se refiere este artículo y solicitarán a la autoridad la determinación e imposición de la reparación del daño. El procedimiento relativo a la adquisición de bienes y derechos por causa de utilidad pública será determinado considerando lo dispuesto en el presente artículo”, se agrega en el artículo 73.
Otros elementos destacados del predictamen establecen que la Auditoría Superior de la Ciudad de México tendrá autonomía constitucional, presupuestal, técnica y de gestión, y se constituirá como órgano colegiado integrado por cinco profesionales de las ciencias y técnicas de la administración, quienes durarán en el cargo siete años y serán nombrados por el Congreso local.
En el predictamen, a diferencia de la iniciativa del Jefe de Gobierno que mantenía en opacidad el tema, se plantea que las declaraciones de situación patrimonial, fiscal y de conflicto de interés, conocidas como 3 de 3, sí serán publicitadas en los términos que determinen las leyes generales y locales respectivas bajo los principios de transparencia, máxima publicidad y protección de datos.
Otra razón para cancelar
Una razón más para cancelar la sesión de este miércoles y otra vez echando abajo los cálculos de Alejandro Encinas, es que la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios que preside el diputado de Morena, Mardonio Carballo, no logró tener listo el protocolo para celebrar una consulta pública con comunidades indígenas residentes y habitantes de las poblaciones originarias de esta ciudad, respecto al predictamen que ese grupo legislativo elaborará.
La consulta a esos habitantes es un proceso que la Comisión de Pueblos de la Asamblea Constituyente no puede obviar, pues incumpliría con tratados internacionales suscritos por nuestro país ante la ONU y la Organización Internacional del Trabajo, a través de los cuales México se obliga a consultar a comunidades indígenas y pueblos originarios sobre aquellas propuestas de ley que impacten en la vida, usos y costumbres de esos habitantes.
Hace una semana, la Comisión de Pueblos de la Constituyente le apostaba a contar con ese protocolo de consulta, para que el contenido del documento fuera ratificado por el Pleno en la sesión de mañana miércoles, pero hasta este martes los legisladores de ese grupo legislativo no habían logrado aprobarlo.
Hoy circuló entre los diputados de esa Comisión una segunda propuesta de protocolo. Una primera versión ya se había presentado la semana anterior, pero todos los diputados, incluidos los de Morena, la rechazaron.
En el nuevo plan que se discutirá este miércoles en ese grupo legislativo, se contempla que el proceso para la consulta inicie el 1 de diciembre y concluya hasta el 16 de enero de 2017, por lo que esa Comisión se colocaría en una situación excepcional, al no poder entregar su dictamen al pleno el 10 de diciembre.
De acuerdo con ese proyecto de protocolo, habría una primera fase entre 1 y el 3 de diciembre, para lanzar la convocatoria e invitar a los representantes de pueblos originarios y comunidades indígenas a participar en la consulta; una segunda fase ería del 4 al 10 de diciembre para que la Comisión de Pueblos entregue a esos habitantes el predictamen del grupo legislativo que se someterá a esa consulta.
Del 11 de diciembre al 12 de enero de 2017 se realizaría la tercera fase, la más larga de las tres, la de deliberación en los pueblos y comunidades, donde los pobladores deliberarán en forma colectiva sobre el predictamen, pero sin la presencia de autoridades gubernamentales, partidos políticos o cualquier persona ajena a esas poblaciones. Entre el 14 y 15 de enero, la Comisión de Pueblos sistematizará los resultados para que el día 16 se tenga ya el dictamen que, a su vez, discutirá el Pleno de la Asamblea Constituyente.
A propuesta de la Mesa Directiva de la Comisión, se propone la participación de observadores de instancias nacionales e internacionales, con el objetivo de acompañar, transparentar y dar certeza al proceso de consulta, así como dar testimonio del cumplimiento de los estándares internacionales.
La educación a debate
La Comisión Carta de Derechos de la Asamblea Constituyente se dedicó esta tarde a dar cuenta de las propuestas ciudadanas e iniciativas de diputados constituyentes relacionadas con el artículo 13 del proyecto de Constitución, sobre el derecho a la educación.
El debate lo inició Cynthia López Castro, del PRI, quien habló de la competencia federal en esta materia, definida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Educación. Expuso que, aun si se hiciera la transferencia de servicios educativos a la capital del país, los planes y programas educativos, además de la evaluación docente, seguirán siendo atribuciones exclusivas del gobierno federal.
Propuso eliminar el numeral 4 del artículo 13, el cual propone la organización de un sistema educativo local integral en donde las comunidades educativas participen en el diseño, ejecución, y evaluación de los servicios educativos. Para López Castro, la Ciudad no puede tener un sistema educativo integral mientras los servicios educativos no sean descentralizados.
Justo cuando hablaba la diputada del PRI, el integrante de la Comisión redactora del proyecto del Jefe de Gobierno y diputado constituyente designado, Porfirio Muñoz Ledo, ingresaba al salón donde se desarrollaban los trabajos.
Pidió la palabra para responderle a la priista. Dijo que se había encontrado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). “Quieren la total centralización de la educación, movimiento contrario a la historia de México; la descentralización la comenzamos desde los sesentas, vamos a la descentralización”, detalló Porfirio.
Le criticó a la del PRI su postura, que considera darle autonomía a la ciudad en muchos temas menos en educación y ver a la capital del país como Distrito Federal de nuevo.
“¿De dónde nos vienen que nosotros no podemos tener un sistema de educación? Sistema o subsistema lo tienen todas las entidades. Nosotros tenemos derecho a impartir educación en todos los grados y modalidades de educación”, dijo Porfirio, ex secretario federal de Educación.
Aclaró que en la propuesta del Jefe de Gobierno no se hace una definición contraria a la ley y expuso que el tema es parte central de la Carta de Derechos que viene en el proyecto, y se cuestionó como se garantizará la universalidad en la educación la Ciudad de México si no tiene un sistema educativo.
Concluyó al decir que los detractores de la iniciativa confunden la transferencia de los servicios educativos, de la federación a la capital del país, con el derecho de la Ciudad a tener un sistema estatal de educación.
