Ciudad de México.- En caso de que la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México no consulte a los miembros de los pueblos originarios y las comunidades indígenas, sobre los artículos que se refieren a su gobierno, en el documento constitucional, éste podría quedar invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Durante su participación en la audiencia pública de este martes, el Colectivo CdMx precisó que es en la Constitución federal en la que se establece la invalidez de cualquier decisión del gobierno que impacte la vida de los 8 millones 918 mil personas que habitan en los pueblos originarios de la Ciudad de México sin previa consulta.
Luego de que el presidente de la Comisión, Mardonio Carballo reconoció que aún no se cuenta con la metodología que utilizarán para echar a andar el mecanismo, el presidente del colectivo Horacio Martínez le hizo entrega de los puntos de referencia que esperan se incluyan.
Entre ellos, dijo, buscan que se establezcan las diferencias entre comunidades indígenas y pueblos originarios, que no se incluyen en el capítulo VII del proyecto de carta magna. De lo contrario advirtió “lo que podría traer consigo es que la Constitución se caiga”.
Es en el capítulo VII del proyecto de Constitución fundacional en donde se definen los derechos de las comunidades, sin embargo, precisaron no se hace la adecuada distinción entre pueblo originario y comunidad indígena necesaria para dar garantía sobre su forma de gobierno.
Con el fin de dar continuidad a la recepción de estas propuestas Carballo afirmó que el jueves y viernes continuarán con el procedimiento, debido a que en la capital existen miembros de las comunidades Mixteco, Otomí, Zapoteco, Mazateco, Mazahua, Totonaca, Mixe, Chinanteco, Tlapaneco, Maya, P'hurhépecha, Triqui, Tzeltal y Tzotzil; en las 16 delegaciones.
