Ciudad de México.- Lo que el PAN en la Asamblea Constituyente logró con su exhorto de ayer, a fin de que se considere una prórroga en el plazo para aprobar la Constitución de la Ciudad, fue que hoy el resto de los partidos se unieran, pero en su contra.
Desde el PRD y Morena, hasta el Movimiento Ciudadano y los designados, tanto del Ejecutivo federal como los del Jefe de Gobierno, cerraron filas al decir que hay el tiempo suficiente para aprobar la carta fundacional de la capital del país.
En la sesión del jueves, los panistas argumentaron que ante la carga de trabajo y la incertidumbre de contar con recursos y personal técnico, se veía un escenario complicado para aprobar la Constitución local a más tardar el 31 de enero de 2017, como lo mandata el artículo séptimo transitorio de la Reforma Política de la Ciudad.
Hoy, la primera en manifestar que sí se puede, fue la coordinadora de los diputados constituyentes del PRD, Dolores Padierna, quien rechazó la posibilidad de establecer una prórroga. Dijo que cambiar ese plazo sería como meter en el túnel del tiempo al proyecto de Constitución, porque modificar esa fecha implicaría una reforma constitucional que debe pasar por el Congreso de la Unión y por 17 congresos locales para que lo avale el Constituyente Permanente, es decir, no habría Constitución local.
“Si hay quien no quiera cumplir con su papel (de aprobar la Constitución) le saldrá muy caro ante la ciudadanía”, dijo la también senadora.
Padierna y sus compañeros de bancada, Julio César Moreno y Roberto López, acudieron hoy a la sesión de la Comisión de Poder Judicial. Tenían planeado desde temprano que, una vez concluida la reunión de ese grupo de trabajo, darían un posicionamiento ante los medios de comunicación sobre el tema de los tiempos.
Dolores Padierna, en un tono de rectificación, se refirió a las declaraciones hechas ayer por el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, en el sentido de que los constituyentes tienen un plazo muy corto para sacar adelante la Constitución local, lo que fue interpretado como un exhorto del mandatario a considerar la ampliación del plazo para aprobar el decreto constitucional.
“El Jefe de Gobierno lo único que hizo fue ser extremadamente respetuoso de la autonomía, la independencia y la soberanía que tiene esta Asamblea Constituyente”, respondió la coordinadora del PRD.
Reconoció que se generó un retraso en los trabajos de esta Asamblea, sobre todo en las labores técnicas y operativas, debido a que no se aprobó en su momento la creación de las unidades administrativas del órgano legislativo, como las secretarías de Servicios Parlamentarios y de Administración.
Reveló que en la sesión del próximo miércoles 9 de noviembre el acuerdo para la creación de esas unidades administrativas se volverá a presentar al Pleno para su votación, con los mismos nombres de los candidatos señalados en la sesión de hace una semana, excepto en la Coordinación de Comunicación Social, donde ya no se postulara a Víctor Hugo Puente.
Ese acuerdo no se pudo aprobar hace casi dos semanas, pues no se obtuvo el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea (67 legisladores) para avalar las designaciones. Aquella vez el partido Morena votó en contra; hoy, Dolores Padierna aseguró que se está tratando de convencer a los seguidores de Andrés Manuel López Obrador para que respalden el acuerdo.
Si los de Morena no se suman, el resto de las bancadas deberán garantizar que en esta ocasión sí pueden sumar 67 votos para aprobar los nombramientos e imponer su mayoría.
Luego, por separado, el presidente de la Comisión de Poder Judicial, Manuel Díaz Infante, rechazó que sea necesario ampliar el plazo constitucional para promulgar la Constitución Política de la Ciudad de México.
Díaz Infante, quien fue designado por el Ejecutivo federal, detalló que la Comisión de Poder Judicial ha recibido 101 iniciativas propuestas por legisladores de las distintas bancadas y espera que en los siguientes días se les dé trámite a las presentadas por ciudadanos.
Al rechazo de establecer una prórroga se sumó la siempre crítica diputada constituyente de Morena, Clara Brugada, quien antes aprovecho para decir que quienes elaboraron la Reforma Política de la Ciudad la aprobaron mal, pues no destinaron recursos ni tiempo suficiente para su votación, “pero más mal haríamos ahorita en hacer la propuesta de ampliación de plazos”, dijo. Aseguró que Morena le apuesta a terminar el 31 de enero.
Armonizar los trabajos
Este mediodía hubo reunión de la Conferencia de Armonización, el grupo de trabajo que dentro de la Asamblea Constituyente tiene como tarea revisar que los dictámenes y el decreto de la Constitución local no se contrapongan con la Carta Magna del país.
En esa Conferencia, los coordinadores de todas las bancadas, los integrantes de la Mesa Directiva y los presidentes de las ocho comisiones dictaminadoras discutieron sobre la mejor forma de organizar los horarios y fechas de celebración de trabajos, para evitar que una reunión se empalme con otra.
Lo que también se discutió fue ese exhorto del PAN sobre el asunto de los tiempos. Al salir, el coordinador del Movimiento Ciudadano, Alejandro Chanona, aclaró casi sin que se le preguntara que entre los presidentes de las ocho comisiones hay el convencimiento que la Reforma Política de la Ciudad y sus artículos transitorios marcan plazos, por lo que todos se atendrán a generar en tiempo y forma los dictámenes respectivos, para su envío al Pleno.
En su reglamento interno, los constituyentes establecieron que los ocho dictámenes deben estar listos en las comisiones a más tardar el 30 de noviembre. “Hay voluntad de los presidentes de comisiones de llevar a buen puerto el dictamen, y si alguien discrepara del dictamen hay una figura que es el voto particular, al cual podrán recurrir los diputados que no coincidan”, dijo Chanona.
Una de las ocho comisiones que tiene un problema particular es la de Pueblos y Barrios Originarios que preside el diputado de Morena, Mardonio Carballo. Ese grupo de trabajo debe someter a consultas de 140 pueblos y barrios originarios de la ciudad, así como de un número indeterminado de comunidades indígenas residentes, el dictamen de los tres artículos que a esta comisión le toca aprobar.
La consulta es un paso obligado, pues el Estado mexicano debe apegarse a lo establecido en tratados internacionales firmados por nuestro país, particularmente el Convenio 169 suscrito con la Organización Internacional del Trabajo y la Declaratoria de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la ONU, los cuales imponen la realización de una consulta cuando se apruebe un marco legal que impacte en la vida, usos y costumbres de pueblos originarios y comunidades indígenas.
Mardonio Carballo calificaba esa consulta como un hito para el país, pues es la primera vez que en México se realizará un ejercicio de este tipo. El problema es que no se tiene aún definido el mecanismo de consulta a esos 140 pueblos, no hay certeza de qué institución convocará y organizará a ese ejercicio, la fecha de realización de la misma, ni la certeza jurídica de si será un dictamen o predictamen lo que se sometará a la consulta de los pobladores.
Alejandro Encinas, presidente de la Mesa Directiva, señalaba que con base en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad, debe ser el Instituto Electoral local el que realice esta consulta a los pueblos originarios, y estimó que es viable realizar el ejercicio después del 30 de noviembre, cuando la Comisión respectiva ya tenga listo el dictamen. Agregó que ya se está estableciendo la comunicación con el presidente del Instituto para la celebración de un convenio en esa materia.
El segundo de más de 70 artículos
Este viernes, la Comisión de Desarrollo Sostenible que preside el diputado constituyente del PRD, Enrique Provencio, continuó con la discusión de los artículos que le toca dictaminar. Es el único grupo de trabajo que ha avanzado hasta esta etapa.
Hoy fue el artículo 21 y sus diferentes incisos, relacionados con temas de medio ambiente y derecho al agua, lo que se discutió en esta comisión donde, por cierto, no hubo ningún diputado del PAN.
Un asunto en el que se vislumbra un acuerdo de todos los partidos y que podría quedar plasmado en la futura Constitución local es que se creará un nuevo derecho que no viene en la iniciativa del Jefe de Gobierno, y es el “derecho a una ciudad limpia”.
Margarita Valdés González Salas, diputada de Morena, mencionó el tema. Dijo que en el proyecto del mandatario no se considera un apartado en el que se garantice un adecuado proceso para el manejo y disposición final de la basura, que permita a los capitalinos contar con una ciudad limpia.
El planteamiento de la legisladora encontró eco entre diputados como Gabriel Quadri, de Nueva Alianza, y el propio Provencio.
Para René Cervera, del Movimiento Ciudadano, y en un tono menos optimista, el artículo 21 del proyecto es un verdadero galimatías que no clarifica los derechos y garantías en materia ambiental y desarrollo sustentable. Secundó al constituyente Fernando Lerdo de Tejada, quien dijo que en la Constitución local se deben establecer normas generales, no leyes secundarias.
