La Constitución sólo podrá ser reformada por mayoría calificada

Ciudad de México.- El Congreso de la Ciudad de México será el único órgano facultado para reformar la Constitución de la CdMx, que entrará en vigor en 2018. 

El título Séptimo del proyecto de Constitución de la Ciudad de México, titulado “De la Estabilidad Constitucional”, establece las condiciones en las que se podrán realizar cambios a la misma en el orden de contar con un texto apegado a las necesidades sociales.

La Constitución de la CdMx podrá ser reformada en todo o en parte por el Congreso de la Ciudad de México.

Las reformas deberán ser aprobadas por el voto de las dos terceras partes de las y los integrantes del Congreso local, en dos períodos de sesiones ordinarios sucesivos, excepto cuando las reformas tengan como propósito efectuar adecuaciones derivadas de un mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo caso se aprobarán en una sola sesión por la misma mayoría.

A decir del director del seminario de teoría del Estado de la UNAM, Miguel A. Garita, esta redacción es limitada, pues los nuevos alcaldes de la capital del país deben estar incluidos en dicho proceso y no sólo el Congreso de la ciudad.

“Es fundamental que las alcaldías tomen parte como órgano reformador de la Constitución, ya que esto sucede en las entidades federativas y debe ser específicamente para reformar y adicionar la constitución, no para reformar toda la constitución”, dice a Capital CDMX.

Desde su opinión teórica sólo la facultad de reformarla al 100 por ciento tendría que radicar en una nueva Asamblea Constituyente; por lo que en su visión debe revisarse los términos en los que se va a integrar el órgano encargado de las modificaciones y especificar los periodos en los que sesionará.

No obstante, los constituyentes no se mostraron en favor de incluir a los alcaldes en las próximas reformas.

Desde la derecha

El constituyente del PAN Carlos Gelista considera que es correcto que sólo los diputados puedan reformar la Constitución. 

“Creo que eso es facultad meramente del Congreso, si bien se deben tomar en cuenta todas las opiniones no creo que deba incluirse a los alcaldes o a ningún otro poder en esta reformabilidad”, afirma. 

Desde su perspectiva el texto actual promueve que se reforme constantemente la Constitución, aun cuando en ella se establece la irrevocabilidad e imposibilidad de someter a discusión los derechos humanos.

“Esta expresión de los ‘derechos ganados’ se me hace una expresión demagógica que apunta a una ideología política”, comenta.

Asegura que dichas disposiciones no las otorga algún texto, sino que deben ser dadas y garantizadas per se.

“Ningún proceso de reforma a esta Constitución podrá iniciarse antes del 1 de septiembre de 2021”, se lee en el artículo 21 transitorio, por lo que el político se muestra crítico ante la situación.

“A mí me parece que de manera ilógica retrasan al próximo primer Congreso de la Ciudad de México en el ejercicio de la posibilidad de poder reformar el texto constitucional, eso me parece una postura soberbia”, dice.

Por ello, hace un llamado al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, a que se presente y de una explicación porque la exposición de motivos al inicio del texto resulta insuficiente.

Defienden proyecto de Constitución 

El diputado por el Partido de la Revolución Democrática, Roberto López expresa que el proyecto de Constitución es sólido y sólo en los casos de referéndum o plebiscito – de acuerdo con el proyecto- no se pueden aplicar reformas.

“Nosotros estamos planteando que para cualquier tipo de consulta, plebiscito, referéndum hacia la población, o revocación de mandato, o algo que pueda afectar, que se cree la figura de Ombudsman y que sea quien implemente estas consultas y quien garantice la transparencia, este sería elegido también por los ciudadanos”, dice.

Para la creación de esta figura, que sería representada por una persona propuesta por los congresos o bien que emane debido a su trayectoria en defensa ciudadana, sea votado y se encargue de dichas tareas.

Respecto de las especificaciones sobre la progresividad de los derechos precisa: “Son para nosotros los candados para garantizar que los derechos ganados en los últimos 20 años en la Ciudad de México, incluso que muchos de ellos ya están a rango de ley, para que no puedan ser echados hacia atrás”.

Sin embargo, dice que desde la bancada que integra están de acuerdo en el 98 por ciento de lo expresado en el proyecto de Mancera.

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