Ciudad de México.- El proyecto de Constitución del jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, plantea la creación de un Instituto Autónomo de Desarrollo Urbano, para salir de la crisis que enfrenta la capital de México.
El titulo segundo de dicho texto, titulado "Desarrollo Sostenible de la Ciudad", aborda los temas de protección al medio ambiente, uso de suelo, vivienda, movilidad, patrimonio cultural, perspectiva de la ciudad en una visión mundial, coordinación metropolitana y regional, deuda pública, impulso al salario y plan de desarrollo urbano.
En este último tema se contempla la creación de un Instituto, el cual desde la perspectiva del diputado Jesús Valencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) podría constituirse en un riesgo para la capital.
“La facultad de planear corresponde al jefe de Gobierno, y (con el Instituto) implicaría de alguna manera tener un poder más en lugar de que dependa de forma directa del gobierno, ello debido a que las propuestas de dicho Instituto, tendría que ser implementado en toda la capital a excepción de lo correspondiente a la jurisdicción de las próximas alcaldías".
Desde su perspectiva tendría que continuar dentro de las facultades del gobierno local; esto sin olvidar la visión metropolitana de la capital al ser una urbe por la que circulan y trabajan a diario millones de personas provenientes de los estados colindantes.
“La verdad es que necesitamos crear una ley general de desarrollo metropolitano, si no la generamos no vamos a poder meterlo en la ley local”, advierte Valencia.
En tanto, una de las preocupaciones de Morena es que en la iniciativa de Mancera se establece la promoción y estímulo a quienes quieran realizar algún desarrollo “en beneficio de la ciudadanía”.
“Hay un claro espíritu privatizador, nosotros en la agenda de Morena tenemos muy claro y es uno de los principios irreductibles y es que vamos a abolir las asociaciones público- privadas por lo que significa pues es un endeudamiento público con ganancias privadas además de ser caretas para la corrupción”, expresa la diputada Irma Sandoval.
Lo anterior debido a que en el artículo 24 se establece: La Jefatura de Gobierno podrá suscribir convenios con gobiernos federal y municipales para la generación de obras. Mientras que en caso de las alcaldías “les pones un cabildo y no le sueltas facultades, más bien le estás poniendo más trabas”.
La también doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comenta que se ha privilegiado la mención del sector empresarial por encima de los derechos ciudadanos.
“De las 150 cuartillas aproximadamente que son unas ochenta veces las que se menciona al sector privado como si fuera el sector que debe realizar las obras cuando evidentemente la rectoría parcial no existe como concepto y el desarrollo”, explica Sandoval.
En el Capítulo Segundo artículo 26 se lee: “se podrá contraer deuda pública para destinarla a infraestructura social y equipamiento, la cual no podrá utilizarse para cubrir el gasto corriente de operación”. En el apartado correspondientes al “bienestar social”, no se establece principio de progresividad; es decir, que paguen más quienes cuentan con más recursos y viceversa. Únicamente se enuncia la “reducción de pobreza y desigualdad”, así como la promoción del desarrollo a cargo de inversores.
Tales estatutos a modificar han sido las razones por las que ambas bancadas -por separado- se han pronunciado en favor de realizar las sesiones correspondientes a la Asamblea Constituyente en un formato abierto a la ciudadanía; aunado a audiencias públicas, en las cuales una vez avanzadas las modificaciones al documento se consulte a integrantes de sectores agrarios, empresariales, expertos, entre otros.
