Ciudad de México.- A horas de que venciera el plazo legal para armonizar la ley local con la federal, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la nueva Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México que trae cambios, entre ellos, la obligatoriedad del «3d3» para funcionarios; los sindicatos como sujetos obligados y que el Inod DF tendrá facultades de sanción.
A los entes obligados por ley, se suman, los sindicatos y se abre un apartado especial para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Los partidos políticos, quienes ya eran sujetos obligados, ahora, deberán dar a conocer sus padrones de afiliados.
Con 41 votos a favor, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó en sesión extraordinaria la nueva Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas para la capital del país.
Esta nueva legislación obliga la presentación de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses y reduce los tiempos de respuesta a las solicitudes de información.
Este 5 de mayo se vencía el plazo que el Congreso de la Unión había otorgado a las legislaturas locales para armonizar las leyes de transparencia con la federal, ya que el Sistema Nacional Anticorrupción entrará en vigor en tres semanas, el próximo 28 de mayo.
«El dictamen aprobado coloca a la Ciudad de México a la vanguardia en materia de transparencia al cumplir al 100 por ciento con el Índice de Acceso a la Información en México, que mide la calidad en materia de transparencia a nivel nacional con relación a las mejores prácticas internacionales», comentó el presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Leonel Luna.
Los diputados Ernesto Sánchez, Dunia Ludlow, Iván Texta y Víctor Hugo Romo subieron a tribuna para informarle a los demás legisladores la importancia de un gobierno abierto. Tras argumentar que la nueva ley es un referente para acabar con la corrupción de la clase política en la ciudad, avanzó el dictamen sin votos en contra ni abstenciones.
La reducción de los tiempos que marca la ley son de 20 a nueve días para las solicitudes de información y de 50 a máximo 30 para los recursos de revisión.
También, se prevé un relevo escalonado para los comisionados del Instituto de Acceso a la Información capitalino, y un aumento de los mismos, de cinco a siete, además de la creación de un Consejo Consultivo.
El gobierno de la Ciudad de México publicó la ley y está vigente desde el 7 de mayo.
