Ciudad de México.- Pasaba del mediodía de este 20 de enero cuando el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, declaraba durante la sesión de la Comisión Permanente la constitucionalidad de la reforma política para la que oficialmente se llamará Ciudad de México.
Junto al diputado, aplaudía el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y con él algunos integrantes de la clase política de la capital que se apersonaron en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
¿Es hora de triunfalismos? Legisladores del PT, Morena y del PAN –curiosamente los de posiciones tan opuestas—dijeron que no.
Para ellos esta reforma política tiene claroscuros y pendientes por resolver. No es la panacea, está incompleta y tienen razón.
Sin lugar, a dudas la reforma política representa un enorme avance en cuanto a los derechos que adquirimos los habitantes de la ciudad, pero las críticas que se hicieron en San Lázaro durante la declaratoria de constitucionalidad advierten que esta reforma fortalece la partidocracia y el poder de quienes integran la clase política local, nada más.
Las senadoras Martha Palafox, del PT y la independiente Martha Tagle, así como la diputada de Morena, Rocío Nahle, lamentaban que los ciudadanos tendrán poca representación real durante la Asamblea Constituyente que se conformará para aprobar la Constitución local, cuya iniciativa será responsabilidad exclusiva en la etapa de redacción del Jefe de Gobierno.
Nadie más tiene facultades legales para arrastrar el lápiz en lo que será el proyecto del cuerpo normativo fundamental de la Ciudad de México.
Si bien los capitalinos tendremos oportunidad de elegir a 60 de los 100 integrantes de la Asamblea Constituyente durante unos comicios que se celebrarán el primer domingo de junio, nuestra intervención se reduce a eso, no hay más.
Otros 14 asambleístas serán designados por el Senado de la República, un número igual por la Cámara de Diputados, mientras que el Presidente de la Republica asignará a seis y el Jefe de Gobierno un tanto igual.
Durante el posicionamiento de los partidos políticos, la senadora panista Mariana Gómez, acusaba que esta reforma se quedó muy corta, pues no transforma radicalmente a la Ciudad de México, no crea un nuevo modelo de Ciudad y de capital, no dota de verdadera autonomía a las delegaciones, no convierte a los alcaldes en figuras de gobierno más fuertes y con mayor capacidad de decisión, y no rompe las dinámicas laborales que provocan una muy baja productividad de la burocracia capitalina.
Además, desde el punto de vista de los panistas, la reforma política queda lejos de ser un mecanismo formador de ciudadanos, pues la participación ciudadana sigue siendo un bonito adorno en el discurso y al que sólo se le dan migajas como es el 3 por ciento del presupuesto participativo; mucho menos se puede hablar de que es una reforma que piensa en el futuro a través de una clara visión metropolitana.
En negro en el arroz es que, a pesar de los evidentes desaciertos y vacíos que tiene esta reforma, la historia reciente nos dejó como enseñanza que pasará mucho tiempo para que los legisladores vuelvan a meter mano en esta normatividad con un afán de mejorarla.
La última reforma política previa a esta ocurrió en 1996. Pasaron 20 años para lograr un cambio constitucional significativo; durante ese lapso de tiempo hubo un sinfín de mesas de trabajo, cabildeos, amagos, reproches, negociaciones frustradas y vacilaciones.
Lo bueno y malo de esta reforma política vivirá con nosotros por un largo tiempo, antes de que a alguien se le ocurra que es tiempo de mejorarla.
@negroenelarroz
