En medio de una trifulca con presuntos golpeadores, vecinos del pueblo de Santa Cruz Atoyac salieron hoy a las calles de su comunidad en la alcaldía Benito Juárez para impedir que continúe la construcción de una torre de ocho niveles y 86 departamentos que la inmobiliaria GDC Desarrollos levanta en el predio de avenida Cuauhtémoc 1319.
Este martes se llevaría a cabo una inspección judicial en el predio para verificar el cumplimiento de una suspensión provisional, como parte de un juicio de amparo interpuesto por los pobladores para impedir esa obra que se realiza sin la consulta respectiva a ese pueblo originario.
Pero en vez del actuario que llegaría a hacer la inspección, los vecinos encontraron a presuntos golpeadores que llegaron en motocicletas para forzar la operación de una excavadora.
Fue entonces que se armó la trifulca entre ambos grupos, imponiéndose los vecinos, quienes así impidieron que el personal de GDC Desarrollos siguiera con labores de excavación en el predio.
Los pobladores que se oponen a ese desarrollo inmobiliario han argumentado que desde 1997 el territorio histórico del pueblo de Santa Cruz Atoyac, dentro de cual se encuentra su iglesia, está catalogado como una zona patrimonial.
El proyecto inmobiliario de GDC se encuentra justo frente a la iglesia, una razón más por la cual los vecinos argumentan que la empresa incumplió con la consulta a ese pueblo originario y aún así obtuvo los permisos de parte de la alcaldía para levantar la torre de departamentos.
Pero el pasado 27 de abril el Concejo del pueblo de Santa Cruz Atoyac en ejercicio de su jurisdicción decidió clausurar la obra y colocó sellos en los accesos y vallas que rodean el predio.
Luego de la trifulca y en una improvisada conferencia que encabezaron los vecinos afuera del lugar, el abogado de los pobladores Arturo Aparicio acusó que a pesar de existir una resolución favorable a ellos, las autoridades administrativas y judiciales no han acatado la suspensión provisional para detener el proyecto de GDC Desarrollos.
Explicó que la inmobiliaria, con engaños al Concejo del pueblo, hizo obras de cimentación bajo el argumento de que realizaban labores de mitigación de riesgos.
Arturo Aparicio lamentó que el juicio de amparo cayó en el mismo juzgado que resolvió contra el pueblo de Xoco en el caso de la Torre Miítikah, el Octavo de Distrito en Materia Administrativa a cargo de Martín Adolfo Santos Pérez.
En una primera resolución, el juez negó la suspensión provisional por lo que el pueblo impugnó la resolución y finalmente el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa otorgó la suspensión provisional el pasado 15 de junio para que el proyecto inmobiliario detuviera los trabajos de cimentación y construcción en el predio de avenida Cuauhtémoc 1319.
Sin embargo, el Juzgado Octavo de Distrito ha pospuesto la notificación que resolvió el Tribunal Colegiado a pesar de que tiene tres días para hacerlo y ha pasado ya casi un mes.
Aún así, Arturo Aparicio explicó que desde hace días la alcaldía ya fue notificada pero el jurídico de la demarcación Víctor Zúñiga Luna ha sido omiso en acatar la suspensión ordenada por el Tribunal Colegiado, pues según el funcionario esa instancia no le ha notificado.
“Como no se han presentado la alcaldía ni el juzgado y la constructora avanza como si nada, presumimos corrupción en este caso, porque a un mes no se ha cumplido la suspensión provisional”, denunció el abogado.
Aparicio dio a conocer que GDC Desarrollos metió un recurso en un tribunal de amparo bajo el argumento de riesgos en la obra si no se concluye la cimentación.
“Ese es un modus operandi de la desarrolladora. Ya lo hizo en otros lugares como en un predio de la calle Coahuila 28 en la colonia Roma, donde la Copaco ganó un amparo, se ordenó detener la obra, revocar las autorizaciones, pero con el argumento de la protección civil concluyeron la obra”, expuso el abogado, al anunciar que en ese caso combatirán dicha estrategia en tribunales.
Anunciaron que ante el desacato de las autoridades se presentó un incidente en el juzgado de distrito para para dejar constancia del incumplimiento, además de presentar una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial.
