Señalamientos por presuntos cobros indebidos, bloqueos administrativos y uso discrecional de facultades públicas han sido expuestos por organismos empresariales en Nuevo León, en un contexto que coincide con el conflicto entre autoridades estatales y la empresa Materiales Triturados Martínez (Matrimar).
A inicios de 2026, la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) denunció prácticas irregulares en municipios del área metropolitana, donde operadores reportaron exigencias económicas para liberar unidades retenidas. Entre los casos, se documentó la solicitud de 20 mil pesos para liberar un tráiler, además de pérdidas superiores al millón de pesos derivadas de daños tras su traslado a un corralón.
En paralelo, más de 60 cámaras empresariales manifestaron en diciembre de 2025 su rechazo a incrementos en el Impuesto Sobre Nómina y otros gravámenes incluidos en el Paquete Fiscal 2026, al advertir posibles efectos en empleo, inversión y competitividad.
Las inconformidades también fueron planteadas por la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Monterrey, que reportó afectaciones a establecimientos por la retención de permisos, multas y cierres administrativos. Durante la toma de protesta de su Consejo Directivo 2026-2027, su presidente, Jaime Herrera Casso, indicó que existe una “creciente queja” en el sector y afirmó que funcionarios “se valen del coto de poder que les da la capacidad de retener algún permiso, trámite o pago, o bien la imposición de alguna multa, incluso llegar al cierre del propio negocio para conseguir un beneficio personal”.
A estos posicionamientos se sumaron los de Coparmex Nuevo León. Su presidente, Roberto Cantú Alanís, expuso ante autoridades estatales la existencia de solicitudes de aportaciones indebidas, obstrucciones en trámites y cobros ilegítimos atribuidos a personas que se identifican como servidores públicos.
Estos señalamientos se presentaron en actos públicos con la presencia del gobernador Samuel García, quien destacó avances en seguridad e inversión, sin responder de manera directa a las acusaciones formuladas por representantes empresariales.
En este escenario se desarrolla el caso Matrimar, empresa ubicada en Cerralvo que enfrenta desde 2025 inspecciones, auditorías y clausuras relacionadas con el impuesto ambiental vigente desde 2022. La compañía sostiene que se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales y ha obtenido suspensiones judiciales federales para evitar cierres, mientras autoridades estatales aseguran que mantiene adeudos millonarios.
El conflicto tomó alcance nacional tras la difusión de audios donde se menciona la solicitud de un “pago fuerte” para permitir la operación de la empresa. A partir de ello se interpusieron denuncias por presunta extorsión y el Congreso local solicitó a la Fiscalía General de la República atraer el caso, mientras la compañía reportó afectaciones a cerca de 500 familias y el gobierno estatal ha sostenido que sus acciones responden al cumplimiento de la ley ambiental.
