El Congreso de Nuevo León solicitó a la Fiscalía General de la República que asuma la investigación sobre los presuntos actos de extorsión denunciados por la empresa Materiales Triturados Martínez (Matrimar), un caso que involucra a funcionarios del gobierno encabezado por el gobernador Samuel García y al dirigente local de Movimiento Ciudadano, Baltazar Martínez Ríos.
La petición surgió a partir de un punto de acuerdo impulsado por la diputada Armida Serrato Flores, del Partido Revolucionario Institucional, quien preside la Comisión Anticorrupción del Congreso local. Durante la sesión ordinaria que se llevó a cabo el 10 de marzo de 2026, el exhorto obtuvo 30 votos a favor de legisladores del Partido Acción Nacional, PRI, Morena, PRD, y Partido del Trabajo.
El acuerdo se dirigió a la fiscal general Ernestina Godoy Ramos y plantea que la autoridad federal intervenga ante la relevancia pública del caso. El exhorto cita la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, así como el artículo 73 de la Constitución federal, que permite la atracción de investigaciones de carácter local cuando existen implicaciones federales.
La solicitud se apoya, entre otros elementos, en la difusión de un audio atribuido a Baltazar Martínez Ríos. En la grabación se menciona la exigencia de un “pago fuerte” a la empresa para facilitar su operación, además de referencias a integrantes del gabinete estatal.
Durante la discusión en el pleno, Serrato también señaló que en el audio aparecen alusiones al secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Raúl Lozano Caballero, y al secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna. La legisladora cuestionó además la ausencia de Martínez Ríos en las sesiones del Congreso desde que el material se dio a conocer. Según lo expuesto, el dirigente partidista habría intervenido como enlace entre autoridades estatales y la empresa extractiva ubicada en el municipio de Cerralvo.
El conflicto entre Matrimar y el gobierno estatal surgió en 2025, cuando la pedrera enfrentó inspecciones, auditorías y clausuras administrativas vinculadas con el llamado impuesto ambiental. Este gravamen entró en vigor en 2022 y aplica a emisiones contaminantes, descargas y extracción de materiales pétreos.
La compañía sostiene que cumple con sus obligaciones fiscales. Autoridades estatales, por su parte, señalan presuntos adeudos millonarios derivados de contribuciones ambientales. Documentos exhibidos por la empresa indican que en noviembre de 2025 la Secretaría de Finanzas estatal revisó su situación fiscal y determinó que se encontraba al corriente; sin embargo, después surgieron nuevos requerimientos y suspensiones de operaciones.
Matrimar califica estas acciones como “extorsión institucional” y advierte que el conflicto afecta a cerca de 500 familias que dependen de la actividad de la planta.
La controversia se intensificó a finales de febrero de 2026, cuando circularon audios en los que se mencionan pagos extraordinarios para permitir la continuidad de la operación de la empresa. De forma paralela, la compañía obtuvo suspensiones judiciales federales contra algunas clausuras, lo que detonó un enfrentamiento público con el gobernador Samuel García.
El mandatario estatal niega cualquier acto de corrupción y sostiene que las medidas aplicadas por su administración obedecen únicamente al cumplimiento de la legislación ambiental vigente.
El caso también ocurre en un entorno de tensiones entre el sector privado y autoridades estatales. En diciembre de 2025, más de 60 cámaras empresariales (entre ellas Coparmex Nuevo León, Caintra Nuevo León y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey) rechazaron los incrementos fiscales incluidos en el Paquete Fiscal 2026 al advertir posibles efectos negativos para la inversión y el empleo.
A esas inconformidades se sumó la denuncia presentada en enero de 2026 por la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM), que acusó a agentes de tránsito de varios municipios metropolitanos de presuntos abusos y cobros indebidos que provocaron pérdidas económicas para el sector transportista.
