La jefa de Gobierno Clara Brugada y la Fiscal capitalina Bertha Alcalde presentaron hoy un paquete de reformas legales orientado a precisar e incrementar las penas de prisión por violencia y delitos sexuales cometidos contra mujeres.
Se incluyen obligaciones a hoteles para combatir la trata y los feminicidios en dichos establecimientos. Todos los huéspedes, sin excepción, deberán presentar una identificación oficial al momento del registro, además de comprobar el parentesco o la tutela cuando vayan acompañados de menores de edad.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y durante una conferencia de prensa, ambas anunciaron los detalles de ese paquete de iniciativas al Código Penal y a la Ley de Establecimientos Mercantiles.
Se plantean reformar el tipo penal de violencia familiar, el de abuso sexual, acoso sexual y acoso sexual digital, de tal forma que estas reformas puedan fortalecer la capacidad del Estado para prevenir, sancionar y erradicar, las violencias contra las mujeres, además de que ningún agresor quede sin respuesta del Estado.
VIOLENCIA FAMILIAR
En el caso de violencia familiar, lo que hoy se tiene es un tipo penal que agrupa distintos tipos de violencia: la violencia que sufren las mujeres por parte de su pareja, y las violencias que sufren las personas que tienen relaciones familiares hasta el cuarto grado; es decir, hasta los primos.
Eso significa que hoy en día se invisibliza la violencia familiar de pareja, que es aquella que sufren las mujeres, porque están enmarcadas en un mismo tipo de delito.
La idea es tener un tipo penal particular de violencia familiar cometida entre parejas, en un capítulo distinto del Código Penal de la Ciudad de México, establecido en el Artículo 200, el cual establezca de manera específica e individualizada la violencia que sufren las mujeres de parte de sus parejas.
En ese apartado se propone ampliar el término de pareja y se entienda no únicamente cuando hay una relación de concubinato, de matrimonio o de ex concubinato y matrimonio, sino ampliarla a una relación sexo-afectiva.
“¿Qué nos va a permitir poder individualizar la violencia familiar? Poder tener estadística específica sobre violencia familiar, cometida entre pareja y no una general. Poder investigar con mayor especialización este tipo de violencia”, dijo Bertha Alcalde.
Así la fiscalía especializada se concentraría únicamente en violencia cometida entre parejas; de tal forma, que otras fiscalías investiguen otros tipos de violencias, que responden a fenómenos distintos.
También en relación a la violencia familiar, el plan es agravar la conducta en casos específicos, pues hoy en en día el Código Penal de la Ciudad de México no contempla agravantes en el caso de la violencia familiar.
Los agravantes aplicarán cuando la víctima sea menor de edad, una persona con discapacidad, mayor de sesenta años, mujer embarazada, así como en los casos que se use cualquier tipo de arma, se dejen cicatrices permanentes o lesiones que tarden más de 15 días en sanar o cuando el agresor tenga antecedentes penales.
Con las modificaciones, la pena de prisión por violencia familiar será de dos a siete años de cárcel, además de que el agresor estará obligado a tomar cursos educativos sobre violencia de género.
ABUSÓ SEXUAL.
La siguiente reforma al Código Penal está relacionada con el abuso sexual y, de entrada, la propuesta hace precisiones sobre la definición del ilícito, específicamente en cuanto a actos de naturaleza sexual.
Así, se entenderá que se entiende por actos de naturaleza sexual cualquier acción corporal que implique contacto físico o interacción con el cuerpo de la víctima, o que tenga por objeto involucrarla en conductas de índole sexual, tales como tocamientos, roces, frotamientos corporales o exposición de zonas erógenas o genitales.
La definición actual presenta ambigüedades, pues no establece estos supuestos en específico y para la fiscalía es complejo la acreditación de este tipo penal.
También se plantea establecer agravantes en el caso de abuso sexual, cuando se cometa contra menores de edad, cuando haya una condición de jerarquía entre las personas que lo cometen, así como agravantes relacionadas con el lugar en donde se comete este delito, como un centro laboral, educativo, deportivo, el transporte público o el hogar.
Como agravante se incluye cuando se condicione de forma explícita o implícita, la obtención de beneficios, derechos, en términos laborales o en términos escolares, entre los más relevantes.
La reforma deja muy claro el término de “consentimiento”, entendiéndose que de existir pasividad por parte de la víctima, eso no puede entenderse como consentimiento. Tiene que haber un consentimiento activo, literal, por parte de la persona.
Para el acoso sexual también se aclara el tipo penal, para establecer que la conducta se puede dar a través de cualquier medio y sin el consentimiento de la víctima, cuando solicite o proponga favores o actos de naturaleza sexual para sí, o para tercera persona y lesione la integridad psicoemocional de la víctima.
En el acoso sexual, no tiene que haber contacto físico y eso quedará definido en el Código Penal, pues se trata de la solicitud, en principio, de un favor sexual.
ACOSO SEXUAL DIGITAL
Por último, se propone que en el Código Penal quede mucho más claro el tipo de acoso sexual digital, para que se entienda como la conducta en donde se solicita enviar, intercambiar o intentar obtener imágenes por parte de menores de edad, que muchas veces son mujeres, pero también hay casos de hombres menores de edad.
En esas conductas también se les solicita proponer o concertar un encuentro sexual, sin que necesariamente se dé el encuentro sexual y eso va a permitir perseguir con mucho más dureza este delito del que son víctimas niñas y niños.
HOTELES
El paquete de reformas incluye modificaciones a la Ley de Establecimientos Mercantiles para impulsar obligaciones a hoteles, en virtud de que 15 por ciento de los feminicidios y transfeminicidios cometidos en la Ciudad han sucedido en esos inmuebles, explicó la consejera jurídica Eréndira Cruzvillegas.
Habrá cuatro modificaciones a la Ley de Establecimientos Mercantiles, en los artículos 23, 31 y 68, y una adición para crear el Artículo 66 ter.
El objetivo es reforzar la seguridad de los hoteles y moteles, mediante registros confiables de los huéspedes, así como la creación de modelos de videovigilancia de las áreas comunes de cada hotel que estén conectados al C5, así como la instalación de un botón de emergencia.
Todos los hoteles tendrán la obligación de realizar un registro de cualquier niño o niña que entre a uno de esos establecimientos y el parentesco que tiene con la persona adulta que ingresa al hotel.
Además, todos los huéspedes deberán presentar una identificación oficial, además de que quedarán registrados la placa de su vehículo o motocicleta y hasta su domicilio.
“De ahora en adelante, justamente se tiene que integrar a través de un documento oficial, para que cualquier persona pueda ingresar a un hotel.
“En este caso, se reforzará con que ya se haga un registro; el registro del nombre, domicilio, hora de entrada y placa, sobre todo, de todas las personas; la placa del automóvil, motocicleta o vehículo automotor, con el cual las personas ingresen a estos recintos”, detalló la consejera jurídica.
Se pondrá atención especial al ingreso de mujeres solas a los hoteles, bajo el supuesto de que podrían ser víctimas de trata o que pudieron salir de manera abrupta de su hogar por ser víctimas de violencia.
El incumplimiento de las nuevas medidas acarreará multas que van de 3 mil a 10 mil unidades de medida, suspensiones temporales de hasta 30 días o clausuras definitivas en caso de reincidencias o cuando ahí se haya cometido algún delito como trata infantil, trata de personas o un feminicidio.
En esos casos el hotel será sometido a un proceso de extinción de dominio.
