El Servicio de Administración Tributaria (SAT) habría realizado un embargo en la agencia Volkswagen Surman DAS, ubicada sobre Avenida Central, en Nezahualcóyotl, Estado de México, por la presunta venta de un vehículo seminuevo remarcado, según publicaciones difundidas en redes sociales.
De acuerdo con estos reportes, la acción se realizó el 6 de noviembre, tras detectarse posibles irregularidades en la comercialización de automóviles usados, lo que habría derivado en la intervención de la autoridad fiscal.
Los señalamientos apuntan a la posible venta de unidades remarcadas, es decir, autos cuyo número de serie fue modificado tras haber sido robados, siniestrados o reconstruidos, un tipo de vehículos que aunque pueden tener factura mexicana, suelen enfrentar restricciones legales y riesgos para el comprador si no se informa adecuadamente su condición.
Este hecho ocurre en un contexto de creciente número de quejas de consumidores contra el consorcio automotriz. Datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) muestran que la filial Surman Anzures acumula 39 quejas, Surman Ecatepec otras 34, y Surman Laguna 27. Sin embargo, en los listados de Profeco también figuran otras razones sociales del Grupo.
El caso adquiere relevancia debido a que Grupo Surman es proveedor frecuente del gobierno federal y los gobiernos estatales. Este 2025, obtuvo un contrato con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por 531 millones 462 mil 929 pesos, para la adquisición de 465 vehículos CRP Sedán o SUV.
Con operaciones en diez estados del país, entre ellos Coahuila, Sonora, Durango, Nuevo León, Chihuahua, Baja California, Jalisco, Ciudad de México y Estado de México, Grupo Surman es uno de los conglomerados automotrices más grandes de México. Su portafolio integra 49 marcas, que van desde Chevrolet, Volkswagen, Ford, Nissan, Kia, Hyundai, hasta marcas de lujo como BMW, Porsche, Bentley y Jaguar.
El grupo es dirigido por Yussef Mansur González, junto con Hassan y Samir Mansur, quienes participan como socios en diversas razones sociales del consorcio. La familia Mansur ha estado involucrada en diversos señalamientos y procesos administrativos, incluídas sanciones por el uso de documentación apócrifa en licitaciones públicas.
En 2024, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por tres meses a la empresa Surman Poniente, propiedad de los hermanos Mansur, y a Sumacortec S.A. de C.V., de Édgar Beltrán Barona, tras comprobar el uso de documentos falsos en el proceso LA-21-510-021000999-N-60-2023, mediante la cual la Secretaría de Turismo (Sectur) buscó adquirir 55 radio patrullas para el programa Ángeles Verdes. La dependencia determinó que las empresas entregaron cartas falsas de fabricantes de equipo de señalización, con lo que quedaron descalificadas del concurso.
Durante 2025, distintos reportes periodísticos dieron a conocer que hubo denuncias contra Grupo Surman por presuntas gestiones irregulares de contratos públicos a través del ciudadano brasileño Thiago De Magalhaes, cuyas actividades en México habrían motivado solicitudes de investigación ante la Fiscalía General de la República, el SAT y la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.
