Especialistas en nutrición, salud pública y regulación alimentaria llamaron a que toda propuesta de gravar bebidas con edulcorantes bajos o sin calorías se base en evidencia científica y no en percepciones, presiones políticas o argumentos sin sustento técnico.
El pronunciamiento se dio durante una cena–diálogo con medios de comunicación, en la que participaron Hugo Laviada, endocrinólogo e investigador en metabolismo y diabetes; Ana Marcela Rodríguez, directora de Temas Científicos y Regulatorios de la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de Alimentos y Bebidas (ALAIAB); y Laura Miranda, coordinadora regional para América Latina de la Asociación Internacional de Edulcorantes (ISA).
Los participantes destacaron que los edulcorantes bajos o sin calorías cuentan con respaldo de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la FAO y la FDA, los cuales han confirmado su seguridad cuando se consumen dentro de los límites establecidos. Afirmaron que estas sustancias representan una herramienta útil para reducir la ingesta calórica y promover una dieta más equilibrada.
Laviada advirtió que un impuesto a productos con edulcorantes podría generar confusión entre los consumidores. “Gravar los productos con edulcorantes podría enviar un mensaje confuso a la población, que los percibiría como dañinos pese a que la evidencia científica disponible no lo sustenta”, señaló.
En tanto, Miranda explicó que una medida fiscal de este tipo tendría implicaciones más amplias. “Un nuevo impuesto afectaría la innovación en productos con menor contenido calórico, justo cuando la política pública debería incentivar alternativas más saludables”, indicó.
Por su parte, Rodríguez consideró que las acciones deben centrarse en promover información clara y estrategias educativas.
Subrayó que más que impuestos, se requieren campañas de educación nutricional, políticas basadas en datos y diálogo técnico entre industria, autoridades y comunidad científica para diseñar regulaciones proporcionales y efectivas.
Miranda insistió en que las decisiones fiscales deben tomar en cuenta tanto la evidencia científica como su efecto económico.
“Si los legisladores quieren construir políticas públicas efectivas, deben hacerlo con base en la ciencia, no en suposiciones. Un impuesto a las bebidas con edulcorantes no solo afectaría al consumidor final, sino que podría trasladar costos a toda la cadena de valor: fabricantes, proveedores y sectores agrícolas que dependen de estas formulaciones”, advirtió.
El encuentro tuvo lugar en un contexto en el que el Congreso analiza posibles ajustes fiscales a las bebidas con edulcorantes, dentro de un paquete de medidas para combatir la obesidad y fortalecer la recaudación.
Los especialistas insistieron en que las políticas deben orientarse a la educación alimentaria, la promoción de alternativas saludables y el diálogo entre todos los sectores, garantizando que las decisiones se sustenten en evidencia científica y no en percepciones o intereses ajenos a la salud pública.
