Diputados capitalinos iniciaron en comisiones el proceso para designar a la nueva persona titular de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX.
Legisladores aprobaron el acuerdo por el que se emite la Convocatoria para la elección de la persona que ocupará la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad para el periodo 2025-2029 en sustitución de Nashieli Ramírez.
La diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya (PT), presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, explicó que esta convocatoria pública establece las etapas para el procedimiento, las fechas límite, los plazos improrrogables, los requisitos legales que deben cumplir las personas aspirantes y los documentos que deben presentar para acreditarlos.
La convocatoria está dirigida a las asociaciones civiles y organizaciones sociales, instituciones académicas y de investigación, colegios profesionales, organismos públicos y privados, activistas, personas promotoras de los derechos humanos, defensoras de derechos humanos, víctimas, colectivos de víctimas y público en general.
Cualquiera de ellos podrá postular a personas ciudadanas o a quien en lo individual desee proponerse para ocupar la presidencia de la Comisión.
De conformidad con la ley en la materia, la persona que ocupe la presidencia de esta instancia será electa por el voto de las dos terceras partes de las diputadas y los diputados del Congreso local y durará en su cargo cuatro años, con posibilidad de ser reelecta una sola vez para un segundo periodo de igual duración.
El procedimiento establece siete etapas: Requisitos legales y recepción de documentación de las personas aspirantes; revisión de los expedientes y determinación de cumplimiento de los requisitos; publicación del listado de quienes cumplan los requisitos y las fechas en que tendrán verificativo las entrevistas.
También se incluyen los mecanismos de participación ciudadana, academia, especialistas, personas defensoras de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil; evaluación y desahogo de las entrevistas a las personas que cumplan los requisitos; y protesta ante el pleno del Congreso local.
