A una semana de sufrir un violento desalojo en el que participaron más de 100 policías, habitantes del predio de Cuba 11 en el Centro Histórico acusaron un actuar dilatorio y negligente de autoridades de las secretarías de Gobierno y de Vivienda para atenderlos y resolver sus peticiones.
En conferencia afuera del predio, incluso denunciaron que un funcionario de medio nivel de nombre Orlando Reyes Gómez, director de Concertación Política de la Secretaría de Gobierno, los tachó de delincuentes durante una reunión que sostuvieron el pasado viernes.
El abogado de los vecinos, Arturo Aparicio, refirió que en aquella reunión del viernes Orlando Reyes justificó la gran presencia policiaca durante el desalojo del 27 de agosto al decir que en estas acciones debe haber operativos tan grandes porque existe gente de bajos recursos en el Centro Histórico que tiene vínculos con el crimen organizado.
Arturo Aparicio acusó que en los últimos días ha habido un cambio en la actitud de las autoridades, luego de que el mismo 27 de agosto en un primer encuentro con el secretario de Gobierno César Cravioto, este se mostró solidario y se comprometió a dar todo el respaldo del GobCDMX a los vecinos desalojados.
Los habitantes de Cuba 11 iban a tener ayer una reunión con el secretario de Vivienda Inti Muñoz, pero de última hora el funcionario les canceló.
Además, funcionarios de la Secretaría de Gobierno les han condicionado respaldos legales y económicos, como un aporte de 4 mil mensuales durante seis meses para apoyo en renta, con la condición de que levanten el plantón que mantienen en la calle de Cuba, así como prescindir de los servicios del abogado Arturo Aparicio y de la ayuda solidaria que les ha brindado el Frente por la Vivienda Joven.
“Están tratando de darnos largas y apostar al desgaste”, acusó el vecino Manuel Gómez Tello durante la conferencia.
En las reuniones que ha habido con autoridades, a los vecinos se les dijo que el gobierno de la Ciudad no cuenta con las facultades jurídicas ni el andamiaje legal para auxiliarlos con las denuncias penales y administrativas que ellos quieren presentar, pues de entrada no existe el Instituto de la Defensoría Pública que la Constitución capitalina ordenó crear.
La única ayuda que hasta ahora han recibido los vecinos desalojados es un apoyo económico para pernoctar en hoteles cercanos a la calle de Cuba 11.
Lo poco que saben los vecinos y les ha hecho sospechar, es que las autoridades habrían tenido ya contacto con un supuesto propietario del predio, pero desconocen si los funcionarios mantendrán el compromiso que les hizo César Cravioto, de hacer investigaciones para eventualmente adquirir el inmueble y que así los vecinos desalojados puedan comprarlo a través de un crédito de vivienda social.
PLIEGO PETITORIO
Los vecinos leyeron un pliego petitorio con nueve puntos que le han hecho llegar al gobierno de Clara Brugada e inicia con el retorno inmediato al predio de Cuba 11 en favor de las 19 familias habitantes y ocupantes de ocho locales comerciales.
Piden claridad del proceso jurídico por desalojo, pues de entrada no fueron notificados sobre el operativo; acompañamiento para la presentación de denuncias penales y administrativas para identificar a promoventes del desalojo.
También solicitan apoyo por parte de la Consejería Jurídica para promover amparos, juicios, recursos y toda acción legal a favor de los desalojados y solicitar la suspensión con efectos de restitución.
Piden la expropiación del predio República de Cuba, 11 para que se les regrese dicho inmueble a los desalojados y adquirirlo a través de un programa de vivienda social, vía crédito.
Solicitan la reubicación de las familias a sitios cercanos y apoyo económico para rentar en lo que se da solución a la compra del predio.
Piden al gobierno de Clara Brugada que presente una iniciativa de ley al Congreso capitalino para exigir que previo a cualquier desalojo se garantice un juicio a los afectados y en caso de desalojo que se garantice la reubicación de las personas afectadas.
En el pliego petitorio incluyen una remuneración económica por los bienes dañados o robados durante y después del despojo lo cual, lamentaron, hasta ahora no ha ocurrido y dentro del inmueble aún hay bienes de las familias desalojadas.
Por último exigieron que se dé apoyo de salud integral para los habitantes de Cuba 11, pues un vecino acaba de fallecer por un paro cardiaco y otra vecina sufrió una parálisis facial al ser despojada violentamente de su vivienda.
NO SOMOS INVASORES
En la conferencia los vecinos dejaron en claro que no son invasores o paracaidistas; al mostrar recibos por el pago de servicios como la luz expusieron que son habitantes en tercera generación pues ahí llegaron por primera vez sus padres y abuelos, hace más de 60 años
Refirió que el dueño y arrendador original de Cuba 11, de nombre Fernando Adolfo Díaz Pérez de León, falleció el 19 marzo 1992 y tras su deceso el predio se quedó sin herederos y sin propietarios.
Sin embargo, diversas empresas y personas hasta 2017 y por 25 años, cobraron rentas sin acreditar derechos de propiedad o de arrendador a los inquilinos.
Posteriormente, una persona llevó un juicio en 2017 en Tizayuca Hidalgo contra el arrendador original, es decir, se llevó un juicio contra una persona muerta y obtuvo de manera dudosa en 2022 la escrituración del inmueble a su nombre.
Después el inmueble fue vendido tres veces más, todo sin avisarles a los inquilinos y sin garantizarles el derecho del tanto, es decir, la prioridad legal que tendrían los habitantes para comprar el inmueble.
“Lo anterior representa un modus operandi del Cártel Inmobiliario para robar propiedades y darles apariencia de que se adquirieron de forma legal”, acusó Arturo Aparicio.
Reiteró que en este caso todo da la apariencia de que hubo el delito de fraude procesal y no se trata de un caso aislado, pues hay otros semejantes no solo en el Centro Histórico sino en la misma calle de Cuba.
Amalinali Abarca Cervantes, vecina de Cuba 57 refirió que ahí también fueron desalojados y curiosamente intervinieron la misma notaría, el mismo actuario y el mismo juzgado 54 civil que encabeza la jueza interina Estela Morales Rodríguez.
Arturo Aparicio explicó que sí hubo una orden judicial, pero que derivó de un juicio prefabricado entre los presuntos propietarios Mireya Díaz Morales y Virgina Domínguez Chalqueño, simulando procedimientos.
Sin embargo, la orden judicial no tenía los alcances para desalojar a todas las familias y locatarios del lugar.
La orden judicial ordenó a Mireya Díaz la firma de escrituras de propiedad a favor de Virgin y entregarle el inmueble, pero no extingue la relación contractual de los inquilinos con su arrendador y nuevo propietario del inmueble, ya que conforme a la ley hay una subrogación de derechos.
La orden de desalojo no se da por falta de pago de rentas o invasión del inmueble, ya que los vecinos nunca se negaron a pagarlas y además eran inquilinos.
Los vecinos y su abogado dijeron que ya iniciaron con procesos para recabar la información y presentar denuncias.
Agregaron que se mantendrán vigilantes de que el inmueble no se convierta en Airbnb, bodegas o tenga cambio de uso de suelo.
