Ante desarrolladores inmobiliarios, vivienderos y constructores, el secretario de Planeación de la Ciudad Alejandro Encinas reveló que el gobierno de Clara Brugada creará un nuevo programa de facilidades administrativas para ese sector asociado a la Norma 26.
Esa Norma estuvo suspendida desde 2013 pues en su momento se prestó a abusos por parte de los mismos inmobiliarios, pero el gobierno de Brugada la reactivó apenas arrancó su administración.
Hoy, en apego a la Norma 26 se han generado 289 proyectos inmobiliarios que están en el escritorio de las autoridades capitalinas e involucran 21 mil 800 viviendas, de las cuales 19 mil 300 están preaprobadas, a decir de Carlos Mackinlay, director de Servimet.
En uno de los foros sectoriales sobre el Bando 1, organizado en las instalaciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Alejandro Encinas se refirió al nuevo acuerdo de facilidades sustentado en la Norma 26.
Al hablar sobre la importancia de agilizar trámites para la construcción de vivienda y abatir los costos financieros provocados por la burocracia, Encinas dijo que un primer paso es un programa de facilidades para el desarrollo de vivienda pública, incluido en el numeral sexto del Bando 1, pero fue entonces que se refirió a un plan de facilidades adicional.
“Queremos discutir con ustedes otro programa de facilidades asociado a la Norma 26, que es sin lugar a dudas donde podemos tener una oportunidad para muchas zonas con potencial de desarrollo y hablo de la colonia Buenos Aires o la Doctores”, expresó en el auditorio de la CMIC.
Rodeado de empresarios, el secretario de Planeación reconoció que existen otras zonas de alta tensión inmobiliaria no incluidas en el proyecto de Plan Maestro y se trata de San Ángel, Coyoacán, Santa María la Ribera o la San Rafael.
También expuso que muchos factores han contribuido al fenómeno de la gentrificación y hay quienes lo atribuyen a la actividad de las rentas temporales o a la “turistificación”, pero reconoció que el problema fundamental es la falta de vivienda.
Como participante en el foro, Carlos Mackinlay director de Servimet, le dijo en su cara a los desarrolladores que la inversión inmobiliaria generó un nuevo enfoque económico volcado a la vivienda y media y alta.
Esto en algunos casos en complicidad con el poder público mediante prácticas muy cuestionables, y un ejemplo es el caso de Mítikah con la destrucción de parte del pueblo de Xoco y el desplazamiento de habitantes originarios, señaló.
Enfatizó que la gentrificación, ya sea propiciada por el poder público, ya sea sigilosa por intervención privada o pública mediante prácticas corruptas, debe ser absolutamente frenada.
MacKinlay enalteció las bondades de reactivar la Norma 26 que si bien sufrió desde el primer año de su implantación en 2005 numerosas irregularidades, hoy se ha fortalecido mediante la aplicación de numerosos candados.
Dijo que hoy esa Norma tiene precios topados, apoyos con créditos, medidas anti especulativas, espacios Comunes en la residencia, comercio en planta baja, sistema de cuidados que es una innovación de esta administración y sobresale que sólo aplica en las alcaldías centrales.
“No se puede construir con Norma 26 en Cuajimalpa, Tláhuac o Xochimilco, tampoco en Iztapalapa o en áreas de valor ambiental, en pueblos originarios ni en colonias catalogadas con valor patrimonial”, expuso el titular de Servimet.
Recordó que a partir del bando 1 se han anunciado acuerdos de facilidades para acelerar procesos y al abundar sobre lo dicho por Alejandro Encinas, expuso que “seguramente vendrán otros más”.
Leopoldo Hirschhorn, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Valle de México, acusó durante el foro que el problema de la gentrificación “es que no hay vivienda y no la hemos podido construir porque tenemos dificultad en obtener permisos y licencias”, dijo.
Lamentó que en 2018 se detuvo la construcción del desarrollo inmobiliario incluyendo la vivienda y la norma 26 que se suspendió en el 2013 no se reactivó durante el pasado sexenio.
Aplaudió la decisión de Clara Brugada al reactivar la Norma 26, pero se pronunció a favor de redensificar en muchas colonias, concretar planes urbanos por alcaldías, así como la reconversión de zonas y de edificios subutilizados, además de contar con un sistema de información catastral clasificado y la construcción pública intensiva de vivienda.
El presidente de la Canadevi recordó que se han aprobado factibilidades para la vivienda social, “pero necesitamos que estas factibilidades se extienda a todo tipo de vivienda”, dijo.
Detalló que en la CDMX hay 2.7 millones de viviendas, de las cuales 25% están en alquiler, es decir, 663,000 viviendas en renta y de estas sólo hay 25,000 en plataformas de arrendamiento temporal, es decir, menos el 1%.
Según el empresario, los desarrolladores inmobiliarios no participan en el mercado de rentas, salvo contadas excepciones.
María José Fernández, directora de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), aseguró que la Ciudad sí tiene espacio para seguir su crecimiento de manera eficiente, pues su densidad actual es de 6 mil habitantes por kilómetro cuadrado, por debajo de otras ciudades como Santiago de Chile.
Se pronunció en contra de aspectos del Bando 1 como poner topes a lodo precios de la renta, lo cual pueden desincentivar la inversión, llevar las rentas a la informalidad, reducir los gastos de mantenimiento de inmuebles y afectar el sustento de quienes se dedica a rentar.
Acusó que centrar las políticas de vivienda sólo en el sector social puede generar distorsiones en el mercado.
Así, dijo que la ADI propone generar vivienda para todos los estratos, donde ya existen infraestructura y servicios, redensificar, autorizar mayores alturas, reconvertir el suelo subutilizado a usos habitacionales y rehabilitar inmuebles existentes.
Ricardo González Lomelí, presidente de la CMIC, expuso que entre todos los factores señalados sobre la falta de vivienda se debe incluir el de su alto costo, pues en el año 2000 su valor era de500 mil pesos pero hoy su valor promedio es de 5 millones.
Consideró que es “importantísimo verticalizar la Ciudad” para pasar del promedio actual que es de dos niveles a cuatro niveles, lo cual requiere modificar la legislación.
