El Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac propuso el establecimiento de una moratoria urbana a proyectos inmobiliarios, hasta que no se cuente con un nuevo programa general de ordenamiento ecológico y territorial que desmercantilice la gestión territorial.
El colectivo consideró que dentro de ese programa se deben establecer en primer lugar las prioridades de los habitantes en materia hídrica, ecológica y cultural.
El Frente emitió un comunicado de prensa en el que alertó de un fenómeno vinculado a la gentrificación, al que denominó “turistificación” de los pueblos y barrios.
Al respecto, recordó que el 4 de abril del 2024 se publicaron modificaciones a la Ley de Turismo donde se estableció el llamado «turismo alternativo» e incluye el turismo de naturaleza, turismo religioso con visitas a cementerios comunitarios y el turismo gastronómico.
“Es decir, prevé a los pueblos como un objeto turístico a ser explotado y utilizado”, acusó el Frente.
Adicionalmente, el 2 de octubre del 2024 se publicó en la Gaceta Oficial de la CDMX la versión ejecutiva del estudio denominado «Líneas de acción para el desarrollo turístico de la Ciudad de México, nuevas centralidades turísticas».
Dichas líneas de acción, acusó el colectivo, contienen polígonos que inciden directamente en los pueblos y barrios originarios, como el polígono de Nueva Centralidad Turística.
Ahí se haba la de la Poligonal Agroecológica de Xochimilco (San Gregorio y San Luis Tlaxialtemalco), polígono Barranca de Tarango, San Pedro- Villa Milpa Alta, Los Dinamos y Cerro de la Estrella, es decir, buena parte del suelo de conservación de los pueblos originarios, sin dejar de lado el nombramiento de Xochimilco como «Barrio Mágico».
Todo ello, fustigó el Frente, mientras la Secretaría de Pueblos y Barrios del Gobierno de la Ciudad, a través de un Sistema de Registro, los desconoce como pueblos con derechos colectivos y obstaculiza el cumplimiento de derechos esenciales como el de la consulta.
Así, esta organización comunitaria dejó en claro que con sus propuestas plantea la reconstrucción de los territorios con nuevas bases que consideren la gestión común de los mismos desde los propios habitantes en relación con la naturaleza (bosques, aire, agua, ríos, canales, chinampas, suelo de conservación) y sin considerarlos como una mercancía.
Así es como planteó la moratoria inmobiliaria, al argumentar que los megaproyectos que acaparan los bienes comunes no deben estar permitidos en la Ciudad y especialmente en los pueblos y barrios originarios, pues agravan los problemas de agua y de movilidad, al mismo tiempo que vuelven más caros los servicios.
Acusó que la gentrificación en los pueblos y barrios se vincula con los aumento de costos de vida relacionados con el aumento desproporcionado del impuesto predial en los hogares de habitantes de pueblos y barrios originarios, como ha ocurrido en el pueblo Xoco y en otras comunidades.
Por ello, este colectivo consideró necesarias reformas legislativas a fin de que se impida su aumento, o bien, se generen esquemas de reducción y exención de impuesto predial en pueblos y barrios.
Añadió que no se puede entender la gentrificación sin enmarcarla dentro de una dinámica territorial más amplia que va más allá del turista individual o de cambios en la estética urbana.
“La gentrificación es una consecuencia de la gestión del territorio promovida e impulsada por los intereses del sector inmobiliario quien acapara el suelo, la tierra y el agua, mediante esquemas de fideicomisos «FIBRAS» que utilizan los ahorros de los trabajadores (AFORES) para construir los megaproyectos que luego nos desplazarán y que se construirán junto a nuestros hogares”, expuso.
Por ello llamó a analizar el papel de ese sector y de los mecanismos de financiamiento, lo cual demostraría cómo diversas acciones de gobierno terminan beneficiando, en última instancia, a los grandes empresarios inmobiliarios.
También es necesario considerar esquemas que partan de una gestión colectiva de la tierra y del suelo para hacer frente a la problemática de la gentrificación.
El Frente señaló que la vivienda social es necesaria, pero su construcción no puede pasar por encima de los derechos de los pueblos y barrios originarios.
Así, denunció que en los últimos años organizaciones de carácter corporativo, en ocasiones con la complicidad y anuencia del Instituto de Vivienda (INVI) han buscado edificar grandes proyectos en suelo de conservación, zonas con escasez de agua, o mediante invasiones de tierras ejidales o comunales.
“Los proyectos públicos de vivienda deben de considerar las necesidades locales, no imponerse, y si se hacen en territorio de los pueblos, con previa consulta”, añadió esta organización.
También planteó la anulación del Sistema de Registro de Pueblos y Barrios Originarios y desaparecer la Secretaría de Pueblos, al ser obstáculos para defender plenamente nuestros territorios.
El Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos se dijo abierto a establecer alianzas y redes de apoyo mutuo con los distintos grupos que impulsan las movilizaciones antigentrificación.
