Una resolución del gobierno de Tamaulipas ha generado fuerte polémica en medios de comunicación y círculos periodísticos, luego de que el periodista Héctor de Mauleón y el periódico El Universal fueran inscritos en el Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género… por ejercer periodismo.
La decisión proviene del Tribunal Electoral de Tamaulipas, que ratificó la denuncia de una excandidata de Morena al Senado, Maki Ortiz, quien argumentó que un artículo de opinión de De Mauleón constituía violencia política de género.
En la columna publicada en abril pasado, el periodista cuestionaba presuntos vínculos de la exalcaldesa con redes políticas y presuntas irregularidades, sin utilizar lenguaje sexista ni alusiones a su condición de mujer.
Sin embargo, el tribunal concluyó que los señalamientos periodísticos “afectaban su dignidad como mujer”, y ordenó que tanto el autor como el medio fueran inscritos por cuatro años en el registro de sancionados.
El propio Héctor de Mauleón calificó la resolución como un acto de censura: “Se trata de un uso político y distorsionado del concepto de violencia de género para castigar el periodismo crítico”, afirmó.
Advirtió que el precedente es peligroso, ya que podría abrir la puerta a que cualquier figura pública evite el escrutinio bajo el argumento de “afectación por género”.
El Universal también anunció que impugnará la medida y expresó su preocupación por lo que considera un ataque directo a la libertad de expresión.
Organizaciones como Artículo 19 y la Sociedad Interamericana de Prensa han expresado su respaldo al periodista, alertando sobre el riesgo de que las leyes para proteger a las mujeres sean usadas para silenciar voces críticas en el espacio público.
