La Cámara de Diputados aprobó la recién reformada Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en una sesión marcada por fuertes controversias y modificaciones de última hora.
El dictamen contempla un paquete de más de 300 páginas de cambios, aprobados con el respaldo clave de Morena, el PVEM, el PT, y Movimiento Ciudadano, mientras que el PRI mantuvo una postura crítica.
Los principales puntos de discusión incluyeron:
• Acceso sin orden judicial: Las nuevas disposiciones permiten a autoridades y fuerzas de seguridad consultar bases de datos públicas y privadas sin orden judicial previa. Esto incluye registros bancarios, biométricos, vehiculares, telefónicos y de salud.
• Eliminación de la plataforma móvil: Se suprimió la iniciativa de crear una plataforma que registraba usuarios de telefonía móvil a cargo de la Agencia de Transformación Digital, una propuesta altamente criticada por implicar riesgos a la privacidad.
• Debate intenso: El proceso fue descrito como un “albazo legislativo”, con cambios impulsados desde Palacio Nacional y aprobados en las primeras horas del día, sin consultas amplias a la oposición.
Morena defendió que estas modificaciones son esenciales para fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y operacionalizada por Omar García Harfuch. Sin embargo, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano alertaron sobre los riesgos en materia de derechos fundamentales, transparencia y posible militarización de la seguridad pública.
El siguiente paso corresponde al Senado, donde se espera que la iniciativa sea avalada sin mayores contratiempos antes de que concluya el periodo extraordinario el 2 de julio.
Este avance institucional marca un antes y un después en la estructura de la seguridad mexicana, al tiempo que desata un amplio debate sobre el delicado equilibrio entre seguridad nacional y protección a los derechos individuales.
