Por primera vez en tres décadas, la Defensoría Pública de la Ciudad de México enfrenta un paro laboral. Desde este viernes 30 de mayo, 267 defensores públicos, 530 defensores de oficio, 60 trabajadores sociales y personal de servicios periciales suspendieron actividades, dejando en pausa la defensa legal gratuita para los sectores más vulnerables de la capital.
Las causas de esta movilización son múltiples: acoso laboral, hostigamiento, sobrecarga de trabajo y salarios insuficientes. Los trabajadores señalan directamente a Jazmín Perla Garduño García, quien, sin nombramiento oficial, se presenta como asesora del director general de Servicios Legales, José Juan Torres Tlahuizo. Garduño García es acusada de imponer tareas fuera del horario laboral, como asistir a eventos gubernamentales y audiencias públicas, además de conductas inapropiadas en las instalaciones, como llevar a su perro, que ensucia los pasillos, dejando la limpieza a cargo del personal de intendencia.
Los defensores públicos, que laboran en áreas como justicia penal, familiar, civil y arrendamiento, reportan jornadas que superan las 12 horas diarias, sin compensación económica adecuada. Su salario promedio es de 8,000 pesos quincenales, significativamente menor al de sus colegas del Ministerio Público, quienes perciben el doble. Esta disparidad persiste a pesar de que, desde la reforma constitucional de 2008, se estableció la homologación salarial entre ambas funciones, una medida que, 17 años después, sigue sin implementarse.
El paro en la Defensoría Pública no solo evidencia las condiciones laborales precarias de sus trabajadores, sino que también pone en riesgo el acceso a la justicia para quienes no pueden costear una defensa legal. Este movimiento marca un precedente en la lucha por condiciones laborales dignas en el sistema judicial de la Ciudad de México.
