Señales de presunta corrupción dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí alertaron a proveedores y empleados. De acuerdo con testimonios recabados, Miguel Ángel Lara Hernández, supervisor de Proyectos E2, habría solicitado pagos indebidos a diversas empresas a cambio de asegurar su inclusión en procesos de licitación.
Las denuncias apuntan directamente a una reciente convocatoria para adquirir cartuchos de tóner, identificada con el número LA-50-GYR-050GYR023-T-55-2025. El IMSS programó el fallo de esta compra para las 9 de la mañana del martes 22 de abril. La firma ganadora, según los términos del contrato, deberá iniciar operaciones al día siguiente, miércoles 23.
Fuentes internas revelaron que Lara Hernández se habría dirigido con insistencia a las empresas interesadas en ofrecer insumos, entre ellos medicamentos y productos de oficina. Según dichas versiones, el funcionario ejerce presión sobre los proveedores y eleva los montos exigidos de manera constante.
“Las encargadas de suministrar medicamentos han sido las más afectadas por Lara Hernández, pues además de presumirles el control que tiene en cuanto a dichos insumos, entre los integrantes del rubro se comenta que solicita montos cada vez mayores para su propio beneficio, pero este no es el único sector que padece el modus operandi, se sabe que actualmente aplicaría presiones a las firmas interesadas en proveer los tóner de impresión”, develaron fuentes internas en entrevista.
El proceso de adquisición de los cartuchos de tóner generó sospechas por la rapidez con que avanzó. La convocatoria apareció el 27 de marzo y apenas tres semanas después, el IMSS se encuentra listo para anunciar el veredicto. El volumen solicitado incluye un mínimo de 840 unidades y un máximo de 2 mil 100.
Las personas consultadas, que solicitaron el anonimato por seguridad, exigieron la intervención de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. También pidieron una investigación basada en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que establece sanciones desde suspensiones temporales hasta inhabilitaciones definitivas para quienes incurran en faltas graves.
El artículo 52 de esa legislación indica que “incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público”.
También advierte que “cometerá peculado el servidor público que autorice, solicite o realice actos para el uso o apropiación para sí o para las personas a las que se refiere el artículo anterior, de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables”.
Hasta el momento, las autoridades del IMSS no han ofrecido un posicionamiento público. Se espera que el anuncio de este martes despeje dudas sobre la legalidad del procedimiento y brinde transparencia a una adquisición que, según testigos, ya había generado inconformidades.
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