Ciudad de México.- Gobernar no es sencillo. Al menos hasta hace unos años, las áreas de gobierno y policiales se abocaban a la tarea de garantizar que movilizaciones y protestas se realizaran respetando la libertad de expresión y asegurando la seguridad ciudadana.
Se contaba con cuerpos especializados de antimotines en la PF y de granaderos en la Ciudad de México. Para nada eran sencillas sus tareas y trabajan en el filo. En la actualidad ya no hay ni federales y los granaderos dejaron de existir en diciembre de 2018.
Los están echando en falta y ello se muestra por el profundo error de amurallar Palacio Nacional, generando inquietud y mandando un mensaje de fuerza e inclusive de miedo.
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Sospecho que eso proviene de la incomprensión que se tiene sobre el movimiento feminista y las legítimas protestas que convergen el 8 de Marzo y que hace un año resultaron impresionantes y pacíficas, salvo por incidentes menores y pintas en por todos lados.
Es evidente que se requiere presencia policial para cuidar a las mujeres que ejercerán su derecho a la protesta y que las vallas, que en realidad son muros, no solucionan el problema. La misión y el deber de las autoridades consiste en que las mujeres cuenten con condiciones de seguridad, primero ellas y luego las paredes.
Quizá la visión militar que impera en el propio gobierno les impide comprender la utilidad de la policía, no como organismo represor, sino como herramienta indispensable de la gobernabilidad democrática.
Los riesgos ante movilizaciones como las del 8 de marzo, se encuentran en quienes violentan a las mujeres y están dispuestos a que las cosas salgan mal. Ahí es donde deben apuntar los encargados de la seguridad para prevenir y donde las vallas tienen una importancia menor.
Antes se hablaba y negociaba con los organizadores de las manifestaciones y se hacía el trabajo de inteligencia para detectar a células que pudieran causar violencia.
Así ocurrió con la salida de los integrantes de la CNTE del Zócalo de la Ciudad de México, en 2013, donde se estableció un acuerdo con los profesores que ahí acampaban y con ellos no hubo mayor problema, pero sí se tuvo que contener a grupos auto denominados como anarquistas y que tenían el propósito de retar a la autoridad para que hubiera violencia.
Sobre todo a partir de los hechos ocurridos el 1 de diciembre de 2012, cuando se desataron enfrentamientos con la Policía Federal en los alrededores de San Lázaro, en el contexto de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, fue que se establecieron protocolos de acción que impidieran que provocadores se salieran con la suya.
Los grupos más violentos estuvieron involucrados en la tentativa de homicidio cuando le prendieron fuego a un elemento del cuerpo de granaderos y solían ir equipados con petardos.
Bajaron sus actividades desde diciembre de 2018 y ya no se les ve con la misma frecuencia. Se reformaron o ya no cuentan con los alicientes que tuvieron en el pasado para causar destrozos, pero hay que vigilar que no vuelvan.
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